Esta semana avanzó en Caracas, Venezuela, un ciclo de diálogos entre el gobierno y el Eln con el fin de concretar un acuerdo sobre el primer punto de la mesa de negociación, que tiene que ver con la participación de la sociedad, un tema que siempre ha sido prioridad para el Eln. 

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Desde ya, sin embargo, empezaron las críticas pues se ve con temor que el acuerdo de participación pueda terminar combinándose con la propuesta de Constituyente, para producir un resultado que sería riesgoso para el país.

"Están promoviendo los estallidos sociales desde el Gobierno y eso puede conincidir en el tiempo con el movimiento de masas que quieren hacer con el ELN en su proceso de paz y puede llevar a que, por un lado, con el ELN en ese movimiento de masas sin entregar armas estén promoviendo una constituyente", manifestó el expresidente Álvaro Uribe.

Aunque los negociadores del Gobierno han defendido este acuerdo como una muestra de que la mesa está logrando resultados, en realidad, que el acuerdo sea sobre un punto que le importa tanto al ELN y no sobre otros que implicaran un mayor compromiso de parte de ellos, no deja un buen sabor.

Los principales gremios del país habían expresado ya fuertes cuestionamientos, señalando que el modelo de participación propuesto “excede en su alcance el propósito para el cual fue creado”. 

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“Los documentos de participación que se presentaron a aprobación del Comité no recogen el sentir, ni las opiniones de muchos de sus miembros y da a entender que quienes redactaron tenían un propósito distinto al de recoger de manera veraz las recomendaciones sobre la participación, que es el propósito del Comité, por tanto, no pueden ser sometidos a aprobación ya que se estaría aprobando algo que sobrepasa sus funciones y que tiene un sesgo, pues nuestra voz no ha sido escuchada ni tenida en cuenta”, dice una de las cartas. 

La misiva fue firmada por Bruce Mac Master de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios), Natalia Gutiérrez de Acolgen (Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica), Juan Camilo Mariño de la ACM (Asociación Colombiana de Minería), Frank Pearl de la ACP (Asociación Colombiana del Petróleo y Gas), Jorge Bedoya de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) y Julián Domínguez de Confecámaras. 

Carlos Charry, director de Doctorado y Maestría en Estudios Sociales, recordó que la idea de la Constituyente también le había gustado a Iván Márquez, quien reapareció en un video para manifestar su respaldo a esta idea.

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“Las expresiones del ExFarc Iván Márquez de estar en favor de una constituyente como lo plantea Petro sí es un tema que debe alertarnos, en términos de que muchos de estos grupos quieran aprovechar el contexto de una asamblea nacional constituyente para pretender consolidar procesos de paz que no tiene bases reales y concretas o que les falta mucho para llegar a una agenda de negociación clara con la sociedad”, explicó. 

En lo que respecta a la realización de una constituyente, Charry aseguró que es poco probable en este gobierno iniciar una constituyente.  

“Eso se demora si se hace en los términos legales. Ahora, si se quiere imponer mediante la fuerza, eso sería casi como entrar a un estado de guerra civil y eso tampoco creo que vaya a ocurrir”, añade. 

Finalmente, aseguró que estos grupos están en disputas por la salida del narcotráfico y la extracción del oro, por lo que “no tienen capacidad operativa para abarcar todo el territorio e imponer bajo las armas sus ideas a toda la población”. 

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