Según un comunicado emitido por la SIC, se adelantan investigaciones para determinar si las plataformas de transporte, como Uber, Didi y Cabify, promovieron la prestación ilegal de servicios de transporte al influir en la organización, planificación y prestación de los mismos mediante conductores y vehículos no autorizados.
La decisión llega en medio de una jornada de protesta liderada por taxistas en Bogotá, quienes han expresado su preocupación por la falta de regulación de estas plataformas.
Se destaca que las plataformas habrían tenido un papel determinante en aspectos cruciales como el cálculo de tarifas, la administración del sistema de recaudo y la fijación de comisiones, lo que podría haber generado ventajas competitivas injustas.
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Se destaca que las plataformas habrían tenido un papel determinante en aspectos cruciales como el cálculo de tarifas, la administración del sistema de recaudo y la fijación de comisiones, lo que podría haber generado ventajas competitivas injustas.
La SIC ha señalado que estas prácticas podrían haber permitido a las empresas y conductores asociados acceder al mercado sin cumplir con las regulaciones establecidas, además de eximirlos de los costos asociados con el cumplimiento de dichas normativas.
Además, se plantea la preocupación por la posible afectación a la seguridad e integridad de los usuarios, dado que la regulación del sector también busca garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio.
En caso de confirmarse las conductas imputadas, las empresas investigadas podrían enfrentar multas millonarias de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a alrededor de $130.000 millones.
Además, la SIC podría ordenar ajustes en las actividades económicas de las empresas para adaptarlas a la normativa de competencia.
Esta decisión de la SIC se produce en un momento en que el conflicto entre taxistas y plataformas de transporte privado alcanza un nuevo punto álgido en Bogotá, con protestas en varios puntos de la ciudad.
La falta de regulación clara para estas aplicaciones ha sido motivo de tensiones durante mucho tiempo, en un intento de regular el sector del transporte en Colombia.
¿Fracaso legislativo o necesidad urgente?
En las comisiones sextas de la Cámara y el Senado de Colombia se ha llevado a cabo un intenso debate sobre la regulación de las aplicaciones de transporte informal en el país, que incluyen a plataformas como Uber, Didi y otras similares.
Mientras tanto, los congresistas expresan su preocupación por la falta de acción legislativa y la necesidad urgente de abordar este tema de manera integral.
La representante Irma Herrera del partido MIRA destacó la complejidad del desafío que enfrenta Colombia, así como otros países a nivel mundial, en cuanto a la regulación de estas aplicaciones.
Señaló que tanto para los conductores tradicionales como para el Estado, garantizar los derechos y resolver las diferencias no es tarea fácil.
Herrera enfatizó que las plataformas tecnológicas son una realidad actual en el transporte de personas y que es poco probable que la prohibición o el control absoluto puedan detener su uso por parte de la población que demanda este servicio.
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Por su parte, el presidente de la Comisión Sexta del Senado, Alberto Elías, reconoció los múltiples intentos legislativos para regularizar estas plataformas sin afectar los intereses de todos los actores del sector. Afirmó que es hora de abordar este tema de manera exhaustiva y participar en un debate crucial para el país.
El senador Guido Echeverri, del partido En Marcha e integrante de la Comisión Sexta, criticó la negligencia y la falta de acción por parte del Gobierno y el Congreso en la regulación de las plataformas digitales de transporte en Colombia. Consideró un fracaso legislativo y ejecutivo la falta de iniciativas impulsadas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte para legalizar y regularizar estas aplicaciones.
Cien mil familias dependen de estas plataformas
La Alianza In, gremio que representa a varias plataformas tecnológicas de transporte e innovación en Colombia, ha manifestado su preocupación ante la reciente investigación anunciada por las autoridades sobre el funcionamiento de estas aplicaciones en el país.
José Daniel López, director ejecutivo de la Alianza In, expresó a El Colombiano que, si bien son respetuosos de la institucionalidad y las decisiones tomadas por las autoridades, la noticia les deja un sinsabor.
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López destacó que actualmente más de 100.000 familias en Colombia dependen de manera directa de las aplicaciones de movilidad para obtener un sustento económico.
Además, si se incluyen las aplicaciones de reparto, estas plataformas representan aproximadamente el 0,23% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y dan empleo al 0,7 % de la fuerza laboral.
Hay más de 230.000 cuentas de taxis vinculadas a las plataformas
El líder gremial señaló que la discusión entre plataformas y taxistas es un tema del pasado y que, en realidad, estas plataformas están integrando cada vez más cuentas de taxi en sus servicios.
Según López, sumando los usuarios de todas las plataformas de movilidad afiliadas a Alianza In, como Uber, Cabify, Didi e InDrive, se contabilizan más de 230.000 cuentas de taxi vinculadas activamente.
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