Llevamos tan solo un cuarto de siglo con la nueva Constitución y algunos, a pesar de varias reformas sufridas, ¡¡ya quieren cambiarla del todo!! El problema no está en la carta, pues su utilidad o ineptitud para sobrellevar los nuevos tiempos, es más bien de sus  intérpretes.

Por eso debemos abandonar la idea de que una nueva Constitución será la “solución mágica” para resolver los problemas del país o la pócima medicinal que todo lo cura y, más bien, entender que la clave está en todos los ciudadanos que la interpretamos o en nuestra voluntad política para materializarla.

En Colombia hay varios intérpretes de la Constitución: la Corte Constitucional por supuesto, es un actor fundamental en el proceso de explicar o traducir el sentido del texto. Sin embargo, no es el único. Las organizaciones sociales y los ciudadanos a través del Congreso de la República son también intérpretes, es decir, participan del proceso de entender y traducir el sentido de la Constitución y de reformarla de acuerdo con los cambios históricos.

Esto, se convierte en una oportunidad para desarrollar temas constitucionales apenas enunciados. Me refiero, al principio de descentralización política y administrativa que en los últimos años ha sufrido un fuerte retroceso inclinándose hacia una tendencia más centralizadora; específicamente, en el manejo de regalías, administración de recursos y toma de decisiones sobre protección del medio ambiente.

Sabemos que aunque el texto de la Constitución de 1991 aumentó la transferencia de recursos y responsabilidades desde el Gobierno central a los departamentos, distritos y municipios; hoy día, son muchos los reparos de las autoridades territoriales que constantemente denuncian la desconfianza con que son vistos sus departamentos y la imposición desde el Gobierno central de funcionarios encargados de administrar y priorizar sus recursos desconociendo la realidad de sus regiones.

Más allá de reformas jurídicas lo que la descentralización necesita ahora es voluntad política para institucionalizar el Estado local en toda su majestad. Un sistema que redistribuya sus poderes entre las regiones generando autonomía y protagonismo para cada una de ellas.

En palabras de mi padre, el Estado necesitaría someterse a una verdadera “dieta” para perder peso entregando competencias y recursos a todas las entidades territoriales. Para que la dieta sea efectiva, se requiere un cambio cultural, una nueva manera de pensar la integración Estado-Nación y Territorio.