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Editorial
¿Ahora qué?
Lo grave de todo es que ha comenzado a verse una profundización en las acciones de persecución, represión y arbitrariedades por parte del Estado venezolano con capturas y allanamientos contra quienes piensan distinto.
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Domingo, 25 de Agosto de 2024

Jugada la carta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que convalidó los resultados sin sustento que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro, a pesar de que todo apunta que hubo maniobras para torcer la voluntad popular de quienes el 28 de julio fueron a las urnas, los nubarrones oscurecieron el panorama en el vecino país.

¿Ahora qué? es la pregunta que se hace la mayoría del pueblo venezolano, los  opositores y la comunidad internacional ante un escenario que profundizó la crisis sociopolítica interna y cuya solución parece haber entrado en un laberinto.

La respuesta a ese interrogante por una parte de quienes habitan en el vecino país ya la tienen definida: hacer maletas y partir  en busca de refugio en países de la región o en otras partes del mundo, porque no están dispuestos a seguir bajo el régimen chavista que ya cumplió 25 años en el palacio de Miraflores.

Luego de la cuestionada  decisión del TSJ, que no tiene independencia ni imparcialidad, como lo ha advertido Naciones Unidas, ahora sí queda  confirmado que se  avecina una nueva crisis humanitaria producto de una ola migratoria, con todas las implicaciones que esto acarrea.

Para el área metropolitana de Cúcuta en particular y Norte de Santander en general es indispensable que el Gobierno Nacional no los deje solos en caso de que la movilidad de personas escapando de la crisis venezolana llegue a rebasar las capacidades.

La Casa de Nariño junto con Migración Colombia y la cooperación internacional es necesario que tracen las estrategias en caso de un fenómeno migratorio masivo, aparte de que  por ejemplo ya es hora de que el Ministerio de Salud le pague al Hospital Erasmo Meoz los $200.000 millones que le debe por la atención prestada a los venezolanos.

Este escenario que antes se creía improbable y ahora es prácticamente  un hecho, debería mover a la administración nacional a repensar su posición sobre lo acontecido en Venezuela y rechazar claramente el fallo del tribunal madurista como ya lo hicieron los gobiernos de once países.

A la espera del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro la preocupación se hace evidente en regiones como la nortesantandereana, guajira y araucana que hacen frontera con el vecino país por el impacto que sobre ellas tendrá el desenlace que se viene en caso de que el oficialismo siga gobernando al otro lado del río Táchira.

En medio de esta valida inquietud local, hay que trasladarle la inquietud del ¿ahora qué? a las fuerzas opositoras venezolanas con la líder María Corina Machado, para determinar cuál será camino para lograr una auditoría imparcial e independiente de los votos o hacia una transición democrática negociada o si continuarán en las calles hasta lograr que se reconozca que Edmundo González fue el ganador de los comicios.

Lo grave de todo es que ha comenzado a verse una profundización en las acciones de persecución, represión y arbitrariedades por parte del Estado venezolano con capturas y allanamientos contra quienes piensan distinto y consideran que ha llegado la hora de dar un giro de 180 grados en el manejo político, económico y social del otrora próspero país.

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