Se acaba de anunciar por parte de la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander la actualización del registro de carros de carros y motos de placa venezolana, para permitir el cambio de propietario por efecto de compra-venta y para obtener de nuevo la tarjeta por pérdida o robo.

Visto de esa manera, puede decirse que se trata de una operación normal tendiente a facilitarles los trámites a los ciudadanos, pero la cual debe de ser blindada y protegida de anomalías, ataques cibernéticos, intentos de fraude o acciones similares.

En primer lugar, siempre deben de quedar muy bien grabados estos números: en la base del registro de vehículos venezolanos en Norte de Santander figuran 52.431 carros y 17.486 motocicletas.

Por tal razón, ese par de datos no tienen por qué variarse hacia arriba durante el desarrollo de los procedimientos autorizados por la circular expedida por ese despacho departamental.

Es decir, que en la mañana y al final del día siempre tiene que estar en 69.917 vehículos venezolanos que circulan en el departamento, cobijados por el beneficio determinado por el Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 121.

En Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, Ocaña, Pamplona, Puerto Santander y San  Cayetano se cumplió  entre el 10 de enero y el 10 de octubre de 2019, desde cuando quedó cerrado, pero sobre el cual han existido insistentes voces que reclaman abrirlo una vez más para incluir otros.

En ese sentido se habla de que hay entre 10.000 y 15.000 automotores más, cuyos propietarios o tenedores se dice que no hicieron en aquella ocasión el respectivo procedimiento para obtener la tarjeta y pagar el impuesto de rodamiento.

La inquietud se fundamenta precisamente en esa gran cantidad de automotores venezolanos-no se sabe basada en qué estadística- que circulan por la región convertidos ya en sujetos que desacatan la ley.

Porque así como ‘gemeleaban’ taxis y hacían cualquier cantidad de triquiñuelas para  incluir más y más taxis con cupos en el área metropolitana de Cúcuta, es mejor anticiparse  a quienes hacen valer aquel dicho popular de  ‘hecha la ley hecha la trampa’.

Es importante lo dicho por el secretario Óscar Gerardino Astier de que la iniciativa obedece a que hay mucha  gente que vendió su carro o moto o que está en proceso de hacerlo, y ello demanda poner al día los datos consignados en el registro.

Entonces,  por eso la recomendación a la Secretaría de Hacienda departamental es para que acompañe dicha labor con una comisión de la que hagan parte la Contraloría, la Procuraduría y la misma Polfa,  para que no haya dudas.

Lo mejor es que desde el primer momento no se les permita a los inescrupulosos tratar de hacer de las suyas y emplear los mecanismos habilitados por esta circular, para intentar hacer maniobras como de  usar los números de las tarjetas de registros habilitadas en el sistema para asignárselas ilegalmente a otros, mediante ataques informáticos por ejemplo.

Y ojalá que ahora que empieza a dársele la facilidad de actualizar el registro, la Policía Fiscal y las autoridades aduaneras activen o hagan más  operativos de control al parque automotor de matrícula venezolana que circula en el departamento –cuestión que nunca han hecho-, para verificar que esté acatando la ley, que por aquí no transiten carros y motos de placa extranjera de modelos actuales y que se les considere como de contrabando al ir en contra de la Ley 1955 de 2019.