“Acabar con el carbón es generar pobreza en Colombia” y “Ecominerales podría servir a la expropiación”, son advertencias que surgieron en un foro que sobre el panorama de la política para el carbón y el coque se llevó a cabo en Cúcuta.

Llegar a caer en alguno de esos dos escenarios posibles, resultaría desastroso para la economía nacional y regional, que ya observa el decrecimiento del sector carbonífero, que según el más reciente informe del DANE se situó en el 12,4%.

El que un renglón como este aparezca como posible candidato a entrar en el pabellón de cuidados intensivos debe convocar a la reflexión, por hechos como el siguiente: en Norte de Santander son 70.000 las familias que viven de esta labor minera.

Si ese renglón entra en un torbellino de inestabilidad y complicaciones, los resultados desde el punto de vista social, de desempleo, pobreza y de caída de los ingresos y del poder de compra resultaría teniendo incluso un efecto dominó.

De tal manera que es válida la notificación hecha en la ciudad por el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de que la industria minera no se puede acabar de un golpe en Norte de Santander y el país, porque el mundo necesita este mineral y pasarán, por lo menos, treinta años para que se deje de consumir.

En medio de esa deliberación aparece la figura del presidente Gustavo Petro quien dentro de sus planteamientos anuncia la imposición de un nuevo gravamen a la minería y el petróleo en el país y crear lo que se llama Ecominería así como de seguir impulsando la estrategia para disminuir la extracción de recursos naturales no renovables.

Los anteriores planteamientos gubernamentales tienen crispados los ánimos de los empresarios y trabajadores de estas actividades minero-energéticas, puesto que de llegar a consolidarse, la situación será, hablando figurativamente, igual de oscura a los socavones y al mineral que de ellos se extrae, por los impactos nocivos que los especialistas han advertido ocurrirán en el corto y mediano plazo.

Es que volviendo a Norte de Santander, imaginen por un momento a 70.000 familias con sus ingresos reducidos a la mínima expresión y golpeadas por el desempleo y la miseria. Eso dibujaría un cuadro desolador socialmente hablando para el departamento, puesto que no se aprecian planes alternos para reemplazar esas fuentes de puestos de trabajo y de recursos económicos.

Además, la idea que tiene el Ejecutivo de conformar Ecominería, según el proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso de la República, es a todas luces la confirmación de que el estatismo es una de las pretensiones del gobierno del cambio.

Ese modelo corresponde a darle el poder absoluto al Estado para que domine todo, como lo pretende hacer con Ecominerales, bajo el argumento de que va a desarrollar nuevos minerales críticos y estratégicos, cuando el fin último es tomar el control de la minería, como bien lo dijo el exministro Cárdenas.

En medio de todo esto hay un fantasma amenazante que empieza a surgir, como es el de las posibles acciones de expropiación contra la industria minera colombiana, lo cual es igualmente grave, puesto que implica la destrucción de la seguridad jurídica en el ambiente de las inversiones y los negocios. 

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