Resultó un éxito la manifestación mundial en 350 ciudades para reclamar por la transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en Venezuela, y exigirle al régimen de Nicolás Maduro que admita su derrota a manos del candidato opositor Edmundo González y así rescatar al país de lo que expertos han denominado “un secuestro de la voluntad popular”.

El significado de esta jornada global para acompañar a quienes en el vecino país luchan por las libertades democráticas, es que ellos no están solos para enfrentar la opresión y represión que están siendo utilizadas para acallar las voces de un pueblo que se cansó de tener en el poder al chavismo durante un cuarto de siglo.

Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos las detenciones arbitrarias y sin garantías procesales ni jurídicas de 1.503 personas hasta  el momento, desde que estalló la crisis poselectoral venezolana, significa un “ataque sistemático contra la población civil” dentro de la violación por parte del gobierno de Nicolás Maduro del derecho a unas elecciones auténticas.

El actual mandatario insiste en que fue reelegido según los datos emitidos por el controvertido Consejo Nacional Electoral que, sin embargo, hasta  el momento no ha dado a conocer las actas que confirman ese resultado, aparte de que tampoco hay muestras de que vaya a permitirse una veeduría internacional imparcial.

Para  la institución surgida de un convenio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica, las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el último domingo de julio de 2024 constituyeron una violación flagrante a los estándares de elecciones democráticas, conforme a lo establecido por los informes de reconocidas organizaciones internacionales.

Aparte de lo anterior, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos notificó que los resultados anunciados por el CNE no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la legislación interna, al no contar con el sustento necesario de las totalizaciones por mesas de votación, conocidas como las actas.

Luego lo anterior equivale a un espaldarazo a la oposición venezolana y a los manifestantes, cuya lucha se ve fortalecida mediante el reconocimiento de esas valoraciones especializadas, esperándose entonces que la  presión de los gobiernos del mundo, entre ellos los de la región, se haga más contundente para que se logre la transición democrática en el vecino país.

El tiempo corre y ya estamos a pocos días de cumplirse el primer mes de la jornada electoral y a cuatro meses y medio del 10 de enero cuando se inicia el nuevo periodo presidencial, siendo indispensable continuar buscando fórmulas y alternativas para hacer valer la voluntad popular.

A sabiendas, como lo dijera el presidente Lula de Brasil, de que el de Maduro es un gobierno con sesgo autoritario, es urgente alcanzar la solución para evitar que se atornille en el poder, escenario en el cual se desataría una crisis humanitaria por una masiva salida de refugiados venezolanos.

La comunidad internacional tiene que actuar con prontitud porque los derechos humanos y las garantías para la población van en un acelerado deterioro, como se ve ahora  que la valiente líder opositora María Corina Machado tuvo que pasar a la clandestinidad y adoptar medidas especiales cuando va a aparecer en público para evadir la represión desatada en su contra por el Estado.

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