En Colombia se da en estos momentos un debate sobre la autonomía fiscal regional que  según los promotores les generaría mayores recursos económicos a departamentos como Norte de Santander.

Precisamente, en Cúcuta el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que una de las metas es lograr el manejo de los dineros que se recaudan por concepto de los impuestos de renta y patrimonio en las regiones, sin enviárselos a la Nación, como sucede en la actualidad.

De lógica que esto requiere de un profundo análisis, porque la primera inquietud que salta a la vista es cómo habría una equidad y equilibrio frente  a poderosos departamentos como Antioquia o Valle por ejemplo, que registran mayores recaudos.

Resulta válido que las regiones ya busquen una ‘independencia’ en la administración y manejo de esos recursos, pero con las suficientes garantías de que haya una equilibrada distribución de los mismos.

Sobre este asunto, quienes defienden la iniciativa recordaron, para ejemplificar lo que sucedería, que en la actualidad desde el orden central, según sus cuentas, solo se les giran a los municipios y departamentos unos montos equivalentes  al 10% y 5%, respectivamente.

En este punto tiene que quedar muy claramente estipulado que el fondo común que se crearía con ese propósito distribuirá con determinadas reglas específicas las partidas provenientes de ese recaudo de los 32 departamentos, que en todo caso deben ser proporcionalmente superiores a lo que se percibe en estos momentos.

Esa letra menuda es necesario que se empiece a precisar ante los ciudadanos, porque planteamientos de esta naturaleza que tienen que ver con el destino de los tributos es muy sensible y por eso desde ahora resulta importante que se conozcan previamente todas las regulaciones.

Por tal razón sería bueno que la academia, los gremios económicos, los tributaristas y hasta el mimo Gobierno Nacional y las administraciones departamentales y locales den a conocer las ideas y planteamientos sobre la autonomía fiscal, con propuestas sólidas respecto a la redistribución de los citados impuestos y su manejo. 

Y un asunto que no se puede dejar pasar con alto es el de la protección de esta alternativa de los ataques del cáncer de la corrupción, porque si esto también no tiene un blindaje ético y jurídico, el remido terminaría siendo peor que la enfermedad. Una barrera fuerte desde el campo de las veedurías y una alianza o compromiso de que esos dineros frescos irán para determinados sectores, sin posibilidad de desviarlos, hay que definirlas también desde ahora.

Si todo lo anterior se logra, resultará mucho más fácil conseguir las firmas que se plantean para la activación del referendo, puesto que en la práctica este mecanismo de participación ciudadana tendría como aliciente adicional el de una ciudadanía plenamente informada sobre esta opción que se le está poniendo a su consideración.

Es que darles a los colombianos las suficientes herramientas de análisis y, sobre todo, de seguridad de que los males y fallas que se pretenden superar y corregir no se repetirán y que como pasa en naciones europeas los impuestos son realmente invertidos en lo que debe ser, hará que el plan obtenga el suficiente apoyo entre la ciudadanía que también coincide en que la Nación, en casos como Norte de Santander, no dispone las partidas presupuestales suficientes.

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