Ese etiquetado de crímenes pasionales o la revictimización al considerar que o andaba en malos pasos o era infiel o no le acataba las órdenes al esposo, etcétera, se convierten en formas de estigmatización para intentar minimizar las reales causas de los asesinatos de mujeres en el país y en la región.

Tanto a las autoridades judiciales como a la sociedad es necesario recordarles que la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, notificó que en su administración cualquier muerte violenta de una mujer será tratada como un feminicidio, así no haya indicios iniciales.

Es que los autores de estos hechos de sangre deben entender que la justicia los perseguirá hasta ponerlos tras las rejas a pagar condenas de hasta 40 años, porque se trata de un delito no prescribe al ser considerado de lesa humanidad.

Sin embargo, los crímenes producto de la violencia de género no se detienen en el país. En los primeros cinco meses del año, el Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 217 feminicidios.

En la capital de Norte de Santander hay cuatro casos considerados como feminicidios, de la sucesión de asesinatos de mujeres en 2024, al ritmo promedio de un crimen cada ocho días.

Estos dolorosos hechos que conforman la espantosa estadística, tienen un contraste que es también impactante, porque el Observatorio también reveló que hay registro de al menos 193 intentos de feminicidio en el territorio nacional.

Reportes de prensa revelan que en la Fiscalía solamente hay 138 aperturas en diferentes etapas, como son 79 en indagación, 29 en investigación, 27 en juicio, dos en ejecución de penas y una condena por aceptación de los hechos.

En medio de la indignación generada por la desbordada violencia contra la mujer por el hecho de serlo, cobra vigencia la advertencia del relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, de que el feminicidio es una tragedia mundial de proporciones pandémicas.

Pero ¿qué está haciendo realmente la sociedad para contener esta manifestación extrema y generalizada de las formas existentes de violencia machista? No podemos decir que nada, pero sí surgen dudas sobre la efectividad de los anuncios y acciones de prevención y protección real de las víctimas, para que finalmente no pierdan la vida.

Deben entonces la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, revisar y reformular todo lo que tienen que ver con las líneas y rutas de atención de la Violencia Basada en Género.

Esa violencia estructural contra la mujer necesita fuertes mecanismos educativos y de cultura ciudadana, por ejemplo, para desmontar el machismo y la discriminación; también acciones desde el punto de vista de salud pública en cuestiones de atención psicológica; así como una real protección a las potenciales víctimas para que cuando denuncien las agresiones, no las revictimicen y les permitan contar con lugares donde refugiarse mientras se conjura el riesgo o se buscan otras alternativas.

Y tener presente lo comentado por el consultor de la ONU: las autoridades deben actuar con la debida diligencia, adoptando todas las medidas posibles para investigar y enjuiciar los feminicdios y proporcionar apoyo efectivo, recursos y reparaciones a las víctimas y sus familias y evitar que se repitan.

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