Como la institucionalidad en Colombia se guía por la Constitución y las leyes, no hay razón para que el presidente Gustavo Petro retome el discurso de una amenaza de golpe de Estado en su contra, en medio del nerviosismo que parece estar sufriendo por la reanudación de la investigación a su campaña en el CNE.

Es muy delicado atizar las hogueras en instantes que el conflicto armado, por ejemplo, está desatado de nuevo, y cuando persisten múltiples problemas sin resolver.

El presidente debe estar dedicado a gobernar, gestionar y ejecutar, mientras su equipo de abogados y sus escuderos trabajan en defenderlo. Así debe ser la ecuación adecuada.

El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad para revisar los aportes e indagar sobre presuntas violaciones a los topes de gastos de los participantes en los comicios presidenciales, ratificación que hace pocas semanas hiciera el Consejo de Estado.

La determinación sobre la formulación o no de cargos se basará sobre asuntos como los vuelos por $1.000 millones no reportados, los aportes de Fecode por $500 millones, los pagos a testigos electorales y la contratación de una pauta televisiva por unos $367 millones, entre otros presuntos hechos irregulares en las finanzas de la campaña Petro presidente.

Al leer un mensaje en la cuenta de X del presidente, se advierte entre líneas que el estrés de Petro sería motivado porque algo de lo que fue detectado por el CNE lo tiene contra las cuerdas.

Y ahí es donde la gobernabilidad del país comienza a verse afectada, porque al pasar el presidente a una acción defensiva frente a su juez competente en estos casos, como es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, genera una especie de choque e intento de desprestigio.

“Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”, fue el comentario que ha generado el natural rechazo.

Utilizar la dignidad presidencial para provocar tensión entre la población contra el Congreso de la República y generar la profundización de la lucha de clases, es un método que puede terminar muy mal.

El llamado en este momento es a la sensatez presidencial, porque una Colombia surcada de dificultades no puede ir a caer en hechos de intolerancia política o de polarización entre vastos sectores de la población, porque las consecuencias resultarían siendo graves y peligrosas.

Para eso está el debido proceso, que de lógica debe ser respetado por un poder público como el Legislativo, en una eventual citación a responder al presidente, a quien se le deben dar todas las garantías procesales en la Comisión de Acusación.

Entra el país en otra ola de zozobra y latente inquietud porque todo eso que tanto se ha criticado y rechazado sobre las formas de hacer política y de utilizar estratagemas para llegar al poder, otra vez le está pasando factura a la democracia colombiana, a la cual tampoco se ve que hayan llegado las tan pregonadas promesas de cambio.

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