El nororiente colombiano volvió a ser sacudido por los ataques dinamiteros contra los oleoductos, que retrata la regresión a tiempos en que la infraestructura petrolera era gravemente impactada por las acciones terroristas, con múltiple impacto negativo. Y por esta razón de nuevo se instala en el país la percepción de que la industria petrolera otra vez se encuentra en estado de indefensión frente a los enemigos de la paz, del medio ambiente y del bienestar de los colombianos.
La volátil situación de orden público en Norte de Santander y Arauca, departamentos por los que cruza el oleoducto Caño Limón-Coveñas, coincide con el punto muerto en que cayeron las conversaciones del Gobierno Nacional con la guerrilla del Eln en la mesa de negociaciones dentro del debilitado proceso de ‘Paz Total’.
Y como es obvio, quienes finalmente vienen a pagar las consecuencias son las familias que en esta parte del país corren riesgo de sufrir desabastecimiento del gas natural.
Cuando eso sucede, quienes hacen parte de la delegación gubernamental, los países garantes y los veedores internacionales más allá de ‘tomar nota’ tienen la obligación de exigir que esa clase de hechos sean detenidos y suspendidos definitivamente, porque es la población civil la finalmente perjudicada.
Volar un oleoducto con la respectiva fuga de crudo conlleva la contaminación de las fuentes de agua y hasta de los acueductos y de los cultivos, generándoles situaciones desastrosas a los pobladores que pasan a convertirse en damnificados.
Obviamente lo que estamos asistiendo es la utilización de un arma de guerra por parte de los grupos ilegales, que al reconocer la importancia del sector de los hidrocarburos para Colombia desde los puntos de vista económico y social, usan los atentados como una forma de ejercer presión, demostrar poderío y tratar arrinconar al Gobierno Nacional.
Precisamente, Cenit y Ecopetrol, al rechazar estas acciones ilícitas, reclamaron que cesen los delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medioambiente y afectan las actividades de las comunidades.
Haciendo un paneo al complicado panorama del orden público en Colombia notamos que a las extorsiones, los secuestros, los ataques a la Fuerza Pública, el hostigamiento a los ciudadanos, el desplazamiento, el reclutamiento forzado, las desapariciones, el confinamiento y el narcotráfico ahora se le vienen a sumar las operaciones terroristas a la infraestructura para transportar el petróleo.
Colombia está harta de que en lugar de avanzar en el mejoramiento de la seguridad, todos los días aparezcan más hechos que ponen en peligro la vida, honra y bienes de la ciudadanía, pero que además afectan los sistemas que permiten a los hogares contar con servicios básicos como el gas domiciliario, aparte de impactar las regalías debido a esta clase de siniestros ocasionados por los ataques dinamiteros.
Es decir, el ambiente se enturbió. La violencia se exacerbó y ante todo esto es requerida una fuerte y contundente respuesta del Estado a quienes le ha tendido la posibilidad de dialogar para negociar la paz y no tienen una real voluntad ni dan muestras de querer llegar a acuerdos que permitan desescalar y ponerle fin al conflicto armado.
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