El clamor levantado recientemente desde el Catatumbo, donde la comunidad marchó con una gigantesca bandera de Colombia, clamando a los grupos armados ilegales su voluntad de paz, fue respondido violentamente por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

En una clara falta de atención a los pedidos de la población civil, esa organización reanudó sus acciones terroristas, como la del asesinato de un soldado por parte de un francotirador en Norte de Santander,  sigue siendo un territorio sembrado por el conflicto armado.

Es decir, esta guerrilla guevarista acaba de irse nuevamente en contra de la población civil en su arremetida guerrerista que deja entrever claramente que la disposición de llegar a un acuerdo negociado de la paz no es de su real interés, hecho que merece el repudio, reproche y rechazo ciudadano.

Así quedó demostrado luego del combate entre el Ejército con guerrilleros del frente  Juan Fernando Porras Martínez, en el que fueron muertos cuatro subversivos, puesto que les decomisaron armamento de largo alcance con miras adaptadas para atentar contra la Fuerza Pública.

Todo apunta también a que dicha estructura del Eln estaría dedicada al reclutamiento y el entrenamiento de jóvenes, dentro de los planes de fortalecimiento y expansión que siempre estas organizaciones hacen escudándose en el cese del fuego.

El oriente colombiano registra momentos de zozobra al recrudecerse la violencia, como sucedió en Arauca con cinco atentados dinamiteros contra la infraestructura petrolera,como el oleoducto, hecho que apunta directamente hacia el Ejército de Liberación Nacional.

En la práctica lo que se nota es a una guerrilla dinamitando la ‘Paz Total’ razón por la cual el Gobierno Nacional debe responder con medidas contundentes con el fin de que las Fuerzas del Estado implanten el imperio de la Constitución y la Ley en todos los rincones del país y sometan a quienes usan el fragor de la guerra contra las instituciones.

Como si fuera poco, nuestro departamento en el la guerrilla del Eln tiene una alta presencia, se ha puesto al descubierto que la disidencia de las Farc, que afirma querer la paz y para eso está sentada en la mesa de conversaciones con el Gobierno Nacional, también se encuentra en proceso de ampliar sus presencia territorial en la región.

El Gobierno Nacional y los mecanismos de verificación de esa mesa de diálogo tienen en la alerta temprana lanzada por la Defensoría del Pueblo una misión urgente para confirmar si es cierto que  estaría presentándose un hecho como ese en la zona del municipio de La Esperanza, porque se trataría de una grave violación y una peligrosa hostilidad contra la población civil.

No puede permitir el Estado que los grupos ilegales actúen como si fueran ‘gobierno’ en ciertas zonas del país como lo denunciara la Fundación Core, que en un poco más de cinco años, el frente 33 de la disidencia de las Farc, que hace presencia en Tibú, Sardinata, El Tarra y Teorama, se ha convertido en una “autoridad” en el Catatumbo.

Todo esto es dañino para la ‘Paz Total’ pero mucho más delicado para los colombianos que siguen teniendo como mayor preocupación la violencia y la inseguridad ciudadana.

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