Cuando se habla de paz, no solamente corresponde a las negociaciones con los grupos armados ilegales, sino de atender las necesidades de las víctimas, puesto que muchas veces del dicho al hecho queda siempre un largo trecho que no permite ni reconocerlas ni repararlas o indemnizarlas.
En nuestro prolongado conflicto armado, las millones de personas afectadas vuelven a padecer un calvario cuando se trata de acceder a las rutas de atención definidas por el Estado con el fin de que puedan superar la cruda realidad que les ha correspondido vivir en medio de la guerra.
Así como lo ha destacado la Defensoría del Pueblo, por fin parece que hay una luz en el tortuoso camino para no seguir siendo revictimizadas y que la reforma a la Ley de Víctimas que entró en vigencia permita acelerar los procedimientos tanto para contar con los recursos necesarios, como para la toma de decisiones.
Los cálculos señalan en $300 billones para garantizar todas las medidas de asistencia, atención y reparación hasta el año 2031, es decir, estamos apenas a siete años de que ese plazo se cumpla, y la pregunta que siempre genera inquietud, es de dónde saldrá esa billonaria cantidad de dinero.
Precisamente, en los cambios que fueron introducidos quedó establecida la creación de
una comisión de financiamiento que, precisamente, se dedicará a esa misión de buscar la plata y de adelantar las gestiones necesarias para que presupuestalmente o mediante la financiación crediticia o la cooperación internacional.
Claro que este un avance de características significativas porque el componente que tienen relación con las 9.4 millones de víctimas tendrá unos dolientes para que esos recursos se empiecen a obtener y de la misma forma proyectar los reconocimientos e indemnizaciones requeridos.
Lo esencial era impedir que quedara ahí como una deuda social impaga que luego ocasionara mayores dificultades fiscales al país, al igual que reproches nacionales e internacionales por el incumplimiento de una parte del Acuerdo de paz firmado con las antiguas Farc.
Habrá que esperar que la eficiencia brille sobre esta comisión para que no vaya a quedar incluida dentro de la cruda realidad descrita en esta afirmación que hiciera el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero: “todos hablan de las víctimas, de la paz, pero al final, cuando se trata de asignar presupuestos, de fortalecer la Unidad para las Víctimas, todo se queda en discursos”.
Resultó igualmente alentador que la reforma aprobada garantizara los derechos de las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública, quienes no contaban con mecanismos de reparación a través de su régimen especial.
Ahí se cierra una brecha, puesto que esa exclusión era inconveniente y una afrenta para la paz misma, porque se pone fin a una especie de discriminación que no tenía ninguna razón de ser en medio de una conflictividad como la que ha padecido el país.
Este segundo aire que recibe la Ley de Víctimas que cumple 12 años con grandes rezagos, ojalá logre superarlos y que las personas y comunidades golpeadas por las diferentes formas de la violencia guerrillera, paramilitar y de otros grupos armados ilegales obtengan finalmente una pronta y eficaz reparación.
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