Norte de Santander se encuentra atravesando unas dramáticas  horas, puesto que aparte de estar bloqueado con el interior del país y la costa Caribe, volvió a ser víctima del terrorismo con el repudiable ataque  dinamitero contra una patrulla policial.

Frustrante resulta que los grupos armados ilegales vuelvan a tratar de imponer su imperio del terror con esta clase de aleves incursiones contra la Fuerza Pública en las carreteras del departamento.

Las Fuerzas Militares es urgente  que recuperen el control en cada kilómetro de este importante departamento fronterizo con Venezuela y que  actúen contundentemente para dar con la organización responsable de este hecho criminal y llevar a sus autores materiales e intelectuales ante la justicia.

Los ‘bombazos’ como ese que ocurrió en la vía entre Santiago y Salazar de Las Palmas solo demuestran que definitivamente la ‘Paz Total’ ha entrado en una especie de callejón sin salida.

Precisamente, en la zona donde sucedió   el hecho hace presencia el frente  Juan Fernando Porras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) con la cual han quedado en veremos las negociaciones en la mesa de diálogo y el cese del fuego ya no se encuentra vigente.

Ojalá los $30 millones ofrecidos de recompensa por las autoridades en la región sirvan para ayudar a dar con los atacantes, aunque también se le debe exigir a esa guerrilla que públicamente reconozca la responsabilidad del reprochable hecho.

Los nortesantandereanos están cansados de estas graves alteraciones del orden público al acrecentarse la percepción de que quienes llegan a la mesa a conversar con el Gobierno Nacional realmente carecen de voluntad y solamente esperan la oportunidad para hacerse más fuertes en su capacidad militar, en la expansión territorial y en ejercer fuerte influencia social y política en las comunidades.

Esa clase de sucesos dejan la sensación de que la ‘Paz Total’ está sufriendo una fuerte arremetida que cada vez más la debilita y la deja en inferioridad de condiciones frente a unos grupos que la han acorralado y golpeado de manera grave.

Y el propio Gobierno Nacional, por intermedio del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, admitió la gravedad de lo ocurrido al señalar: “El Gobierno Petro se propuso esa denominada paz total y hay que decir, con toda franqueza, que la respuesta de los grupos armados no ha sido la que esperaban los colombianos. Creo que la mayoría de esos grupos insisten, persisten en la violencia”.

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De tal forma que Colombia se encuentra ante un nuevo frente de crisis, correspondiente a una de las políticas que el gobierno de Petro viene impulsando para procurar desactivar la violencia en el país y buscar acuerdos con las organizaciones armadas para que atendieran el llamado a buscar la paz.

Lo único cierto es que el Estado no puede seguir perdiendo su capacidad de presencia territorial ni de control de todos los rincones de Colombia, en un asunto que requiere que las Fuerzas Armadas les garanticen la seguridad a los ciudadanos para protegerlos del secuestro, la extorsión, las incursiones violentas, el desplazamiento, el reclutamiento forzado, la desaparición y las amenazas.