La migración, por estos días, se encuentra de nuevo de boca en boca, por cuestiones relacionadas con decisiones tomadas por Panamá en su intento por reducir el flujo de personas por el peligroso Darién y la crisis política desatada en Venezuela, luego de las elecciones presidenciales.

Con la llegada del primer vuelo que trajo a nuestro país a veinte colombianos que se habían aventurado por la espesura de aquella selva para irse del país, ahora le surge un nuevo desafío al Gobierno Nacional.

En este sentido es bueno preguntarles a la Policía, al Ejército, a Migración, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía ¿dónde está el plan para enfrentar a las organizaciones ilegales que actúan como ‘coyotes’ en ese tráfico ilegal de personas?

Ha llegado la hora de que una acción contundente y real sea activada y puesta en marcha, a fin de que el Estado tenga una presencia real en esa ruta y desmantele esos carteles que nutren sus arcas aprovechándose de las necesidades de quienes salen refugiados de sus países en búsqueda de un mejor futuro en Estados Unidos, que es el destino de esta riesgosa aventura.

La situación allí, desde el punto de vista humanitario es bien complicada, al registrarse que el año pasado cruzaron 539.259 personas, mientras que en los corrido de 2024 la cifra ya supera las 170.000.

La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó que los refugiados que salen por el Tapón del Darién se arriesgan a sufrir múltiples situaciones de alto riesgo como asesinatos, desapariciones, tráfico de personas, intimidación y violencia sexual, como ha sido documentado.

El desbaratar las organizaciones que manejan esa economía ilegal debe de ser una de las tareas inmediatas a llevar a cabo por parte de las autoridades colombianas. Y en el otro lado de la moneda se encuentra uno que es más complejo y que corresponde a los propios países expulsores y sus gobiernos que finalmente ocasionan esta crisis de refugiados.

Si nos detenemos a observar las estadísticas sobre quienes eligen dentro del éxodo el cruce por esta zona, se encuentran en primer lugar los venezolanos, seguidos por los haitianos, ecuatorianos, colombianos y chinos.

Quienes luego de abandonar Venezuela y Haití en su éxodo determinaron tomar este camino selvático con rumbo a Norteamérica, suman en total el 74%, siendo en su mayoría provenientes del vecino país.

Este dato es relevante cuando se trata de una más profunda acción para el cambio de las condiciones internas en materia política, económica, social, de seguridad y respeto de los derechos fundamentales que debería servir para contener esta crisis humanitaria que ya registra 7.7 millones de migrantes, en el caso venezolano, específicamente.

Volviendo al Darién, lo que ocurre allí sí es indispensable que tenga una pronta acción por parte del Estado, puesto que si ya hay una definición de que todo el que pase por allí será devuelto a su país de origen, ahí ya entonces existe un motivo para que debido a la alta peligrosidad se apliquen restricciones y prohibiciones, que en últimas ayudarán a salvar vidas.

Y, simultáneamente, no sería descartable una gran mesa migratoria con los gobiernos de la región, los Estados Unidos, los organismos multilaterales y las agencias de cooperación para definir nuevas estrategias de apoyo, financiación y atención.

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