En el recorrido periodístico que La Opinión está haciendo por los barrios de Cúcuta para conocer las condiciones en que viven sus habitantes y las dificultades que más les preocupan, se advierte que dos o tres hechos muy delicados se repiten en la mayoría de ellos.

El microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas aparece en la mayoría delos sectores de la capital de Norte de Santander en donde poderosas bandas criminales tienen bajo su control esa economía ilegal.

Lo que pasa es que este mal tiene diversas formas de reflejar su impacto negativo sobre los diferentes sectores cucuteños, dependiendo si en los barrios hay ‘ollas’, si sus parques o canchas son lugares de expendio o consumo o si están en áreas urbanas tomadas por los llamados jíbaros.

Lógicamente que habitar  en un sector donde tengan ‘cuartel de operaciones’ las organizaciones delincuenciales que manejan ese negocio, los vecinos corren  graves riesgos de toda índole que  tienen que ser conjurados por las autoridades.

Muy bien las alarmas comunitarias. Así como la llegada de los drones para la Policía Metropolitana de Cúcuta para apoyar a la mejora de la seguridad ciudadana en las calles, pero el complejo mal del microtráfico es también necesario que cuente con acciones de otra envergadura por el tipo de bandas que ahora lo manejan.

Nos estamos enfrentando al multicrimen y al crimen transnacional que entre  sus  acciones tiene el narcomenudeo que sigue siendo un factor generador de inseguridad. Luego, al ser así, los ciudadanos que todos los días tienen que enfrentarse a la zozobra provocada por esta clase de delito reclaman que ese asunto en específico tenga una reacción oficial poderosa.

Es que no se puede olvidar que la ciudad tiene un cordón umbilical con el Catatumbo y con la frontera con Venezuela, zonas que siempre han estado fuertemente ligadas con el tráfico de estupefacientes y con las diversas formas de violencia.

Hay que persistir en que la capital de Norte de Santander cuente con un observatorio de la violencia donde junto con expertos haya equipos para evaluar las situaciones que alteran la tranquilidad ciudadana, hagan recomendaciones, crucen datos e información y hagan una consideración específica sobre el crimen transnacional que golpea a la región.

Porque su combate hay que hacerlo mediante un plan interinstitucional con el apoyo del Gobierno Nacional, puesto que estamos sufriendo los embates de unos grupos que trafican hasta con personas y en su ‘portafolio criminal’ incluyen el sicariato donde instrumentalizan, lamentablemente, a adolescentes y jóvenes.

Tener siempre en el foco el hecho de que estamos enfrentando a unas estructuras delincuenciales transnacionales que arribaron a la ciudad para aprovecharse de las condiciones especiales que ofrece la porosa frontera, para luego intentar expandirse hacia otras regiones del territorio colombiano.

Es mucho lo que falta por hacer para que se logren los resultados anhelados de una Cúcuta con mejores condiciones de seguridad para sus habitantes que se reflejen en la salida de ese listado que la sitúa como una de las más peligrosas del mundo, pero y lo que es más importante, que los niños, adolescentes y adultos no corran el riesgo que implica un microtráfico desbordado y al cual incluso le apunto organizaciones como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas.

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