El país tendrá un 2023 de cambios laborales, y no solo porque el presidente Gustavo Petro quiere impulsar una reforma en ese ámbito. La razón es que, a partir de julio, entra en marcha la reducción de la jornada semanal, un proceso que debe bajar el compendio de horas de 48 a 42 para 2026.

Si se mira el mapa de la región, los colombianos son de los que más trabajan en Latinoamérica, junto a México que tiene la misma carga horaria. Por eso, el Congreso anterior (2018 - 2022) aprobó una ley para recortar ese calendario que apenas empezará a aplicarse el próximo año.

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Esa norma, la 2101 de 2021, plantea reducir ese lapso a cuenta gotas. Primero, hasta las 47 horas en 2023; bajarlo a 46 en 2024, aplicar otro ajuste hasta 44 en 2025 y un último recorte a 42 en 2026.

Trabajar menos por lo mismo

Si bien se trabajará menos, las empresas deben garantizarle a sus colaboradores que seguirán devengando el mismo salario, porque el artículo cuarto de esa norma deja en firme los derechos ya adquiridos de los trabajadores.

“El empleador debe respetar todas las normas y principios que protegen al trabajador. La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni en las prestaciones, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores”, dice la normativa.

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Justo por ítems como ese, la regulación no se aplicó en 2022, pues el legislativo trazó un periodo de un año para que las corporaciones se preparen para el cambio en las jornadas.

Esas horas de trabajo deben distribuirse en común acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. La ley deja en sus manos la posibilidad de que ese ajuste signifique trabajar seis o cinco días en la semana, con el compromiso de que se dejará al menos uno para descansar.

Por ejemplo: marcar tarjeta de lunes a viernes, cada día 8,4 horas laborales, para descansar sábado y domingo; o distribuir ese tiempo de lunes a sábado, según las posibilidades de cada compañía.

La profesora de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario, Adriana Camacho, resaltó que hay estudios que demuestran que los trabajadores son más productivos y felices si trabajan menos. No obstante, es enfática con una realidad: esta modificación no afecta de igual manera a todas las organizaciones y eso no se tuvo en cuenta cuando se tramitó la ley.

“Algunas empresas se verán golpeadas, seguramente, porque tendrán que pagar horas extras, mientras otras no van a tener mayores problemas para facilitar la conciliación entre vida familiar y trabajo”, explica.

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¿Qué pasará con los vigilantes que tienen turnos de 12 horas continuas, en muchas ocasiones nocturnas?, ¿qué medidas se tomarán para las compañías que funcionan con turnos para cuestiones como la producción de objetos?

Esos interrogantes deberán ser respondidos por el Ministerio del Trabajo, que por ahora decide guardar silencio sobre las modificaciones a la jornada y omitió dar detalles acerca de los avances que ha hecho para su implementación.

¿Petro alista su ajuste?

A pesar de esa disminución, Colombia seguiría siendo una de las naciones que más trabaja dentro de la región –y también en la OCDE– quedando al nivel de países como Israel.

En todo caso, la decisión es irreversible: es ley de la República y el Ministerio del Trabajo tiene que implementarla. Sin embargo, esa cartera –a cargo de la sindicalista Gloria Inés Ramírez– le dijo a este diario que aún no se pronunciarán sobre este tema que toca de forma directa a los 22 millones de personas ocupadas en el país. ¿Preparan ajustes a la implementación?

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El silencio de la oficina de Ramírez tiene detrás que el Gobierno presentará una reforma laboral en 2023, un articulado de temas macro sobre el mundo del trabajo que seguramente tocará los pormenores de las jornadas que cumplen los empleados contratados de forma regular.

La ministra ya ha dado pinceladas sobre el contenido del texto, como que pretenden aplicar “relaciones laborales pactadas”, porque –a su juicio– “el contrato de prestación de servicios no laboral incurre en una relación para explotar”.

Otra de las metas de ese proyecto será contrarrestar la informalidad, que actualmente es del 58%, según el Dane, y que las horas nocturnas vuelvan a contarse desde las 6 de la tarde (contrario al rango que aplica en la actualidad desde las 10 de la noche). Lo demás se conocerá el próximo año, cuando esté por implementarse el primer recorte a las horas laboradas que selló la administración anterior.

En el fondo, hay un pendiente que ninguno de los últimos seis expresidentes cumplió: la Constitución de 1991 pidió crear un estatuto del trabajador que, 21 años después, no se ha escrito.

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