La Corte Constitucional le exhortó al Gobierno nacional y al Congreso de la República legislar sobre los derechos de las mujeres gestantes que prestan servicio militar voluntario, sobre quienes hasta ahora existe un "déficit de protección".

El alto tribunal se pronunció, con una sentencia de tutela, luego de analizar el caso de una mujer de 23 años que fue retirada de su servicio voluntario en la Policía Metropolitana de Bogotá. La institución solo se basó en su estado de embarazo para apartarla de su cargo.

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Adicionalmente, la Dirección de Sanidad de la Policía le cobró a la demandante, una madre soltera que se desempeñaba como auxiliar de policía, una factura de más de $550.000 por los servicios de salud prestados en el nacimiento de su bebé.

La salida de la Policía le costó a la mujer dejar de recibir cerca de un 30% de un salario mínimo, lo que percibía como bonificación mientras operaba como uniformada, aun cuando un concepto de la misma entidad subrayaba que debía garantizársele la salud a ella y a su hijo hasta que se incorporara a otro régimen de salud.

Las discrepancias en la misma Policía frente a cómo actuar sobre las mujeres gestantes en servicio voluntario llevó a la Corte a deducir que existe una falta de regulación que "afecta los derechos de las mujeres y desconoce el interés superior de las niñas y niños que nacen durante la prestación voluntaria de dicho servicio".

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El alto tribunal subrayó que la Policía vulneró los derechos a la salud, al mínimo vital y a la estabilidad laboral y ocupacional de la mujer, por lo que le ordenó al órgano civil abstenerse de volver a desvincularla a ella o a cualquier mujer que presente una situación similar, con la advertencia de que si lo hace podría incurrir en sanciones.

Por último, la Corte, que le ordenó a la Policía reintegrar a la accionante si ella lo deseaba, envió un exhorto al Gobierno nacional para que presente un proyecto de ley al Congreso dentro de seis meses para regular la situación de las mujeres en estado de embarazo que presten su servicio militar voluntario.

Además, exhortó al Congreso a que legisle sobre "la situación de las mujeres que, en ejercicio del servicio militar voluntario, queden en estado de embarazo", teniendo en cuenta enfoques de género y de derechos humanos abordados en la sentencia de tutela.

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