Exministros, congresistas y expertos encendieron las alarmas por cuenta de $13 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 que hoy parecen ser caja menor del gobierno Petro y pondrían en riesgo el futuro de importantes proyectos como el metro de Bogotá, el Regiotram, o si se quieren ejemplos más cercanos, el metro ligero para Medellín y el Túnel del Toyo, entre un grupo de más de 100 obras.

El monto es tan grande que equivale a toda la plata que ingresó a Colombia en diciembre de 2023 por las exportaciones de petróleo y manufacturas, y ha generado un terremoto al interior del Gobierno, que ya costó la salida de Jorge Iván González de la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien era considerado uno de los funcionarios más técnicos y de mayor credibilidad.

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En síntesis, el gran problema es que los $13 billones –que representan el 13% del total de gastos de inversión proyectados para este año– no quedaron con una destinación específica al liquidarse el Presupuesto, lo que suscita temores en relación a que el presidente Gustavo Petro los distribuya a su conveniencia y sin criterio técnico, según advirtió el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo.

En la práctica

De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, los recursos en cuestión se distribuyen en $10,5 billones que corresponden al sector Transporte; $2 billones de Hacienda; y $0,5 billones para Educación. A su juicio, la omisión del Gobierno pone en duda la transparencia del Presupuesto 2024.

Para poner un ejemplo práctico, el Observatorio expuso el caso de los recursos para inversión decretados para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). En el Presupuesto 2023 se explicó con lujo de detalle a qué irían los $5,05 billones destinados para ello: apoyo estatal para el proyecto Ruta del Sol 3; construcción de Pacífico 1; o mejoramiento de la concesión Armenia - Pereira - Manizales.

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Pero en la billetera de 2024, que asigna $7,47 billones para inversión en esa entidad, todo es un misterio. Los recursos se dirigirán a un subprograma denominado “Convergencia regional: integración de territorios bajo el principio de la conectividad física y la multimodalidad”, del que no se sabe qué proyectos hacen parte (ver gráfico).

“La situación abre otros interrogantes: ¿El desconocimiento del marco de nuestro sistema presupuestal generará demandas contra el decreto de liquidación que ponga en pausa la ejecución del Presupuesto de este año? ¿Se trata de un error técnico del Gobierno o detrás está la intención de que el Ejecutivo tenga cierta discrecionalidad sobre el destino final de estos recursos?”, cuestiona el Observatorio, que también tiene dudas sobre las implicaciones sobre las obras de infraestructura en marcha.

¿Castigo a las regiones?

Para el exministro Juan Camilo Restrepo, toda esta novela es señal de que el presidente Petro ve el manejo presupuestal igual que el de “una registradora de tienda de barrio”. Según una columna que publicó en la revista Cambio, las acciones del mandatario no distan mucho de las versiones que apuntan a una posible “retaliación” de su parte contra Bogotá, Antioquia y Barranquilla tras las elecciones regionales.

De hecho, el propio Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, expresó su molestia. “Es muy llamativo que mientras todos aquí unen vocación por tener muchos más recursos para atender las exigencias propias de nuestras competencias, el Gobierno Nacional, en un claro mensaje de opacidad presupuestal (...) no les diga a los colombianos en qué se van a destinar cerca de $13 billones”.

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Para el gobernador, el Ejecutivo se “pasa por la faja la representación popular de los congresistas”. Según él, mientras los representantes de las regiones, entre ellos los de Antioquia, defendieron la asignación de recursos, el presidente Gustavo Petro se quedó con los $13 billones “para repartirlos a su antojo”.

Y si por Antioquia llueve, por la capital de la República no escampa. En una suerte de respaldo a la narrativa del presidente contra el proyecto del metro de Bogotá, ayer los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Transporte, William Camargo, hicieron un recorrido aéreo por las obras y compartieron múltiples imágenes, luego de “informes recientes” sobre “posibles retrasos del concesionario en las obras de la Primera Línea (...) donde el Gobierno Nacional aporta con el 70% de los recursos”, según dijo Camacho.

Por su parte, Bonilla manifestó que no existe ninguna opacidad en el Presupuesto, y más bien hay “un ejercicio de priorización que el Presidente nos pidió hacer, en término de ‘examinemos en qué está cada una de esas zonas’”.

De acuerdo con el jefe de Hacienda, la liquidación del Presupuesto está incluyendo todo lo que aprobó el Congreso y en el caso específico del metro de Bogotá “los recursos están asegurados, nunca se le ha quitado el nivel de importancia estratégica”.

El presupuesto a capricho

Lo cierto es que al interior del Gobierno las cosas parecen no estar bien luego del tenso consejo de ministros del pasado 31 de enero. Si bien se desmintió que en ese espacio el Presidente hubiera pedido la renuncia de su gabinete, sí es cierto que hubo un Petro reticente a firmar el decreto con el que se liquidaba el Presupuesto 2024 al ver que varias obras que quería encabezar no estaban contempladas por priorizar otras que ya estaban en curso en varias regiones, como las 4G de Antioquia.

Los propios ministros Bonilla y Camargo trataron de hacer entrar en razón al Jefe de Estado, y a ellos se sumó el otrora director del DNP, Jorge Iván González, quien un día después decidió dar un paso al costado, no sin antes dejarle un recado. “El cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo no es posible sin el concurso de todos los alcaldes y gobernadores, y sin el aporte de las organizaciones gremiales”, se lee en un fragmento de la carta de renuncia del ahora exfuncionario.

Proyectos en vilo

En todo caso, los temores de que el decreto de liquidación del PGN se caiga por una demanda y deje en vilo importantes obras que generan empleo y mueven la economía son totales, y más en un año de bajo crecimiento para el cual las apuestas sobre el PIB de Colombia no llegan ni siquiera a 2%. Según estadísticas del Dane, en el tercer trimestre de 2023 la producción de obras civiles cayó 15% frente al mismo período de 2022, un comportamiento explicado por la desaceleración de carreteras, calles, vías férreas, carreteras elevadas y túneles, entre otros.

Para el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, al final “este lío esconde un problema más de fondo: la intención de usar los recursos del Estado de manera discrecional y caprichosa”. También afirmó que el país está ante una situación compleja que llevaría al incumplimiento de algunos compromisos del Estado.

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