En varios territorios los grupos que se financian principalmente del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión se han fortalecido ante la demora del Estado en ocupar regiones antiguamente ocupadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señalan expertos.
En 2020, el CICR registró 389 víctimas de artefactos explosivos, la cifra más alta en los últimos cuatro años. Entre ellas están 226 civiles.
También el organismo supo de 114 desapariciones en un fenómeno creciente. Mientras en 2019 se reportaba un desaparecido "cada cuatro días", el año pasado fueron más frecuentes las denuncias con un caso "cada tres días", indicó Caraffi.
El CICR se hizo eco de las cifras oficiales que indican que en 2020 más de "21.000 personas se desplazaron masivamente y otras 28.000 permanecieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en los territorios", anota el informe presentado este miércoles.
"La población civil está pagando el precio de este recrudecimiento", afirmó Caraffi.