Una operación de la Fiscalía colombiana alcanzó esta semana la cifra sin precedentes de 3.000 imputados por su presunta vinculación con casos de corrupción que comprometieron recursos públicos por más de 4,7 billones de pesos (unos 1.432 millones de dólares).

La operación, llamada “Bolsillos de cristal”, comenzó en agosto de 2016 y hasta la fecha han sido vinculadas a las investigaciones 3.000 personas, dijo la Fiscalía ayer martes en un comunicado.

De ellos, 1.036 son funcionarios, 754 exfuncionarios y 1.210 particulares, como representantes legales de empresas o contratistas.

Uno de los sectores más afectados por esta operación es la administración de justicia, con 209 funcionarios y 46 exfuncionarios imputados, 122 de los cuales incurrieron en el delito de corrupción mientras trabajaban para la propia Fiscalía General de la Nación.

Entre los cargos públicos señalados se encuentran 208 alcaldes, 95 concejales, 66 magistrados y jueces, 26 congresistas, 26 gobernadores y un ex viceministro.

En cuanto a los particulares acusados, 130 están involucrados en irregularidades por el cobro indebido de pensiones.

De estas investigaciones la más relevante está relacionada con la constructora brasileña Odebrecht, en el que están imputadas 96 personas por casos de corrupción.

Según datos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 21 de diciembre de 2016, Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de la millonaria red de corrupción montada en América Latina y África.

Sin embargo, la Fiscalía colombiana calcula en 84.000 millones de pesos (unos 27,1 millones de dólares) el monto de los sobornos de la constructora en el país.

“Al hacer un análisis por porcentajes se evidenció que la corrupción afecta en mayor medida a los sectores más sensibles de la sociedad colombiana”, señaló la Fiscalía en el comunicado.

Por porcentajes, las imputaciones referentes a la justicia representan el 12 % del total; seguidas de las del área de infraestructura (9,8 %), salud (8,33 %) y fuerza pública (7,93 %), entre otras.

Otros casos destacados son: Reficar, Plan de Alimentación Escolar (PAE); irregularidades en programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ‘Cartel de la Chatarrización’, ‘Carrusel de la Contratación’, desfalco a la Triple A, pensiones, contratación de Hidroituango, ‘Mermelada Tóxica’, Invima ‘paralelo’, ‘Pozo de la Dicha’, Justicia Especial para la Paz, ‘Operación Quirófano’, ‘Operación Celdas’, Fondo de Adaptación, entre otros.