Sin la presencia del Canciller Alvaro Leyva, la Procuraduría se negó a levantar la suspensión de tres meses que tiene en firme  por el polémico contrato de los pasaportes. El procurador delegado Ernesto Espinosa aseguró que siguen vigentes los motivos por los cuales ordenó su suspensión desde el pasado 24 de enero del presente año.

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“La conclusión a la que ha de llegar el delegado, es que los motivos que expuso la sala de instrucción no han desaparecido y el proceso contractual permanece igual”, explicó.  En la diligencia se recordó que el Canciller Álvaro Leyva habría incurrido en dos faltas decretadas como graves mientras surtia este proceso de los pasaportes.

En primer lugar, decretar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos.
En segundo lugar, decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite de licitación donde presuntamente existieran causales para adoptar esa determinación.

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Por su parte, Jefferson Dueñas, abogado del Canciller, aseguró que respetarán la decisión judicial aunque no la compartan.
“Acataremos y respetamos las decisiones desde el Ministerio Público. No están dados los elementos para mantener la medida provisional pero son decisiones del Ministerio Público que acatamos”, añadió.

Cabe recordar que esta decisión no tiene posibilidad de imponer recursos por parte de la defensa del Ministro de Relaciones Exteriores.

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