Un escenario aún más incierto para Hidroituango abrió este viernes el fallo de la Contraloría General de la República que confirmó la responsabilidad fiscal, por $4,3 billones, de 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado tras la emergencia de 2018.
Esta decisión era esperada por todos los que tienen que ver con el megaproyecto porque, cuando quede en firme, el proceso se va a cobro coactivo y todos los implicados saldrán en el boletín de responsables fiscales, lo que significa que para seguir contratando con empresas del Estado, como lo es EPM, los implicados tendrían que pagar los $4,3 billones.
Aunque contra esta determinación no procede recurso alguno, el auto de la Contraloría no quedará en firme hasta que supere el respectivo control automático de legalidad ante el Consejo de Estado. Esto, según expertos consultados, permite que la prórroga, que horas antes se había acordado entre EPM y el consorcio CCC Ituango, pueda ejecutarse hasta los primeros meses de 2022, cuando se espera el aval del alto tribunal.
Este es un mero trámite porque el Consejo de Estado, según su jurisprudencia, considera que dicho control de legalidad vulnera el derecho al debido proceso de los responsables fiscales, por lo que hace rato inaplica esa disposición normativa. En ese entendido, dicho control pasa, en la práctica, a un juez contencioso administrativo.
Ese será otro frente en este expediente, porque algunos implicados tomarán el camino judicial, con una tutela o una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo que alegarán en ese escenario es la vulneración del debido proceso, en cuanto a la observancia del derecho de defensa: a ser oído, a intervenir en el proceso y a controvertir pruebas, pues consideran que la Contraloría no permitió contestación alguna durante las dos instancias.
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es un mecanismo al que se acude para que un juez anule la decisión de una autoridad administrativa. Es un proceso largo, de al menos cinco años en sus dos instancias, que comienza en el tribunal y termina en el Consejo de Estado. Con la presentación de la demanda los implicados tienen la potestad de pedir la suspensión provisional de los efectos del auto, es decir, del fallo de la Contraloría.
¿Y las obras?
La confirmación del fallo se dio horas después de conocerse que EPM y el Consorcio CCC Ituango lograran un preacuerdo para continuar por ocho meses la construcción del megaproyecto de generación, sumado a tres meses adicionales para realizar un empalme con la firma que asuma después de una licitación.
Tanto EPM como el consorcio adelantaban el protocolo interno para suscribir el acuerdo final. El gerente Jorge Carrillo dijo el jueves desde Cartagena que la firma final se daría en los próximos días luego de finiquitar trámites administrativos de cada lado. Sin embargo, el fallo en firme de la Contraloría cambia el panorama y obliga a las partes a sentarse de nuevo para determinar plazos y cláusulas.
Ese, precisamente, fue uno de los puntos álgidos durante la negociación de la prórroga. El tema que se trató era que si en medio de la ejecución del contrato la Contraloría ratificaba el fallo, este inhabilitaba a las empresas del consorcio y estas no podrían seguir construyendo. Los contratistas pedían que para poder prorrogar, sabiendo que estaba ese precedente, quedara claro que EPM no podría cobrarles por daños y perjuicios producto de la eventual inhabilidad.
“Garantizaremos la continuidad de la obra y su entrada en operación el próximo año”, dijo el alcalde Daniel Quintero, tras conocer la noticia de la segunda instancia.
Justo el jueves, el mandatario mencionó un plan que bautizó como “Mirella”, según el cual, la empresa tenía un protocolo de choque para que Hidroituango continuara su operación con las capacidades internas de EPM hasta que llegara un nuevo contratista.
La prórroga buscaba garantizar la continuidad de la construcción del proyecto que debe encender sus dos primeras unidades de energía antes del 30 de noviembre de 2022, so pena de millonarias multas. Al cierre de octubre, la ejecución del proyecto alcanzaba el 85,6%.
Y es que Hidroituango tiene el agua al cuello con los plazos de generación. La primera fecha marcada en el calendario es el 24 de junio de 2022. Ese día vence el plazo del último hito constructivo acordado en el contrato Boomt, firmado en 2011 entre EPM y la Sociedad propietaria en la que la Gobernación es mayoritario con 52,8% de participación.
La otra fecha clave es el 1 de diciembre de 2022, cuando vence el compromiso vigente de la futura central ante la Creg, adquirido en 2012. El retraso que generó la emergencia de 2018 generó una multa por USD 43 millones, más una sanción en primera instancia de la Superservicios por $1.817 millones.
“Efectos devastadores”
Para el exgerente de EPM, Mauricio Restrepo, el fallo de la Contraloría deja a EPM y al proyecto en el peor de los escenarios porque anticipa el cambio de los contratistas actuales, por lo que Hidroituango quedaría en el limbo justo en el año en que debe generar. “Que no opere en 2022 es una amenaza al sistema energético. El Gobierno Nacional debe decretar la seguridad energética como un asunto de soberanía y riesgo nacional, y determinar acciones legales para garantizar el suministro futuro”, opinó.
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros había advertido que por la enorme magnitud e importancia del proyecto Hidroituango, la confirmación del fallo “se constituye en un precedente extremadamente preocupante que tendría el efecto de erosionar la confianza de los inversionistas en el sector de infraestructura, además de poner en riesgo el proyecto mismo”.
Por la misma línea se pronunció la Cámara Colombiana de Infraestructura, cuando se conoció el sentido del fallo de primera instancia. Recordó que la seguridad energética del país está dependiendo en gran medida del éxito del proyecto Hidroituango y, en este sentido, “el análisis de las autoridades de control no debe perder de vista las consecuencias que se pueden generar para el interés general, en el evento de que el proyecto se paralice o sufra retrasos, por cuenta de que los actuales contratistas sean objeto de medidas que afecten su capacidad para llevar a buen término la hidroeléctrica”.
En este escenario, añadió, “EPM se vería forzada a reabrir un proceso en busca de nuevas empresas, con el músculo para finalizar la ejecución de la megaobra, situación que se constituiría en un retroceso colosal, dado que, en un proyecto de semejante envergadura, el cambio de contratista y la incorporación plena de uno nuevo, puede tomar meses e incluso años”.
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