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Toda la clase política está involucrada en este escándalo: director de la UNGRD
Para el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, sí hubo una utilización política de las capacidades de ese despacho para favorecer a políticos.
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Colprensa
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Martes, 4 de Junio de 2024

La declaración la hizo minutos antes de ingresar al búnker de la Fiscalía General en Bogotá en calidad de testigo del escándalo de corrupción que golpea a la UNGRD.

“Ni siquiera el señor Olmedo hacía campaña no solo por los candidatos de su propio partido político, sino por distintos candidatos y esto nos lleva a pensar que toda la clase política está inmiscuida en este escándalo, y no me refiero a los individuos, sino a todas las tendencias ideológicas", explicó el director.


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Carrillo será escuchado por la fiscal anticorrupción Andrea Muñoz, una de las dos que lleva el caso contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales implicados en el escándalo.

Pinilla ha señalado a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, como la "mensajera" del Gobierno en el supuesto entramado de corrupción y la presunta encargada de entregarle $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para influir en la aprobación de las reformas del Gobierno en el Congreso.

Sobre este tema, en las últimas horas se conoció un informe de la Contraloría que da cuenta de contratos presuntamente irregulares por $5 billones durante los últimos cuatro años en la UNGRD.


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Según el organismo de control, la contratación de suministros de carrotanques experimentó un aumento del 700% entre 2020 y 2024 y alcanzó un gasto adicional de más de $37 mil millones solo en este año.

La contratación se concentró en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.

El vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, declaró que estas irregularidades tendrán un impacto nacional y se abrirán investigaciones por la presunta pérdida de más de $80 mil millones, debido a sobrecostos y mal manejo de los contratos.


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