Sobre cinco puntos y una solicitud de que haya una información clara y transparente de la financiación, centraron Transparencia por Colombia y otras organizaciones, sus advertencias sobre los recursos que se usarán para la campaña de octubre.

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En tal sentido el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, sostuvo que “es imprescindible conocer cómo se financian las campañas, pues esto fortalece la calidad de la democracia, aclara la relación entre dinero y política, y disminuye los riesgos de captura del Estado”, a la vez que precisó que “para las elecciones de 2023 resulta fundamental fortalecer los procesos de vigilancia a la financiación electoral, instamos al Consejo Nacional Electoral a continuar el fortalecimiento de Cuentas Claras, mejorar el acceso a la financiación pública e incorporar mecanismos de control a los aportes privados a las campañas”.

En el reporte, señalan que hay cinco alarmas. La primera la persistencia de la alta dependencia de recursos privados para la financiación de las campañas políticas.

Aclaran que si bien el financiamiento privado de campañas es una forma legítima de participación política, “sería deseable tener un financiamiento más balanceado entre aportes públicos y privados para las campañas, de tal manera que sea posible contar con una contienda electoral más equitativa entre partidos, organizaciones y movimientos que tienen recorridos y capacidades muy distintas”.

Otros aspectos son que el financiamiento público durante el desarrollo de las campañas es prácticamente nulo; persisten las barreras para el acceso a los recursos de campañas para las campañas de las mujeres y hay un riesgo de opacidad en la información de ingresos y gastos de campañas.

El quinto aspecto es el incremento de los gastos en las campañas políticas, incluyendo el auge de redes sociales que resulta difícil de monitorear. “La propaganda representó el 45% del gasto de las campañas al Congreso (más de $123 mil millones), el 61,3% del gasto de la primera vuelta presidencial (más de $46 mil millones) y el 65,1% de la segunda vuelta (más de $10 mil millones)". 

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"Las redes sociales son un medio de propaganda política que se encuentra en auge, lo cual se evidencia en que, para las elecciones legislativas, representaron un 19% del total de gastos de propaganda electoral para Senado y 31,3% para Cámara, mientras que para las elecciones presidenciales representaron un 24,7% en primera vuelta y un 40% en segunda vuelta. Sin una regulación clara sobre la propaganda electoral en redes sociales, se hace difícil realizar un monitoreo y control sobre este tipo de gastos”.

Esta alianza para el control ciudadano al financiamiento de campañas se generaron las siguientes alertas, indica que “el evidente incremento del número partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que tendrán derecho a participar en estas contiendas electorales, implica que el número candidaturas podría crecer ampliamente, por lo cual el control a la financiación de estas elecciones será mucho más desafiante que en elecciones pasadas.

En este contexto, se hace un llamado a que las organizaciones políticas apoyen a sus candidatos y candidatas en comprender e implementar todas las obligaciones asociadas a la administración y rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas”.

Precisan que la demanda por fuentes de financiación se ampliará significativamente, “resulta necesario que la autoridad electoral revise las barreras que impiden el acceso a financiamiento público para incrementar la entrega de recursos estatales por medio de los anticipos de campañas, con el fin de mitigar los riesgos de financiación por fuentes no permitidas”.

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