La semana anterior ocurrieron dos graves hechos de discriminación contra la población LGBTI+, sobre los cuales las autoridades deben tomar medidas contundentes y ejemplarizantes para evitar que se vulneren de manera sistemática derechos por parte de personas naturales o, mas grave aún, de servidores públicos. La Constitución Política no puede ser “rey de burlas”. En su artículo 13, consagra que todos nacemos libres e iguales ante la ley, sin importar “sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
El primer caso discriminatorio al que me refiero fue protagonizado por el juez décimo civil de Cartagena –Ramiro Eliseo Flórez–, quien negó el matrimonio civil entre dos mujeres. Dentro de sus argumentos, señala que el acto va en contra de su “moral cristiana” y que “cuando existe conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios”. ¿Cómo es posible que un juez de la República, desconozca un derecho fundamental y, como si fuera poco, uno de los principios medulares de la Constitución de 1991 que declaró a Colombia como un Estado laico?
El segundo acto ocurrió durante una clase en la Universidad Distrital. El profesor Alejandro Silva, de manera discriminatoria, utilizando un lenguaje ofensivo y agresivo, calificó a esta población como una “aberración”. Así, de manera burda indicó que a un niño se le debe educar como hombre y que tanta democracia y estupidez llevan a este tipo de conductas. Señor Silva, me parece muy grave su posición desde la docencia, sobretodo en una institución pública.
Cuando fui senador de la República, trabajé en la Ley Antidiscriminación (1482 de 2011) creadora de sanciones penales para este tipo de conductas homofóbicas que desconocen la lucha de la población LGBTI+ por el reconocimiento de sus legítimos derechos. Cuando estas conductas no tienen ninguna consecuencia y las autoridades permiten que sucedan impunemente, se envía un mensaje de revictimización a una población que lleva décadas en una durísima y sangrienta lucha por el reconocimiento de sus derechos y de la igualdad ante la ley.
Sin embargo, soy consciente de que no sólo con cárcel se logrará un cambio en la manera de pensar en nuestro país. Es necesario que se desarrollen estrategias pedagógicas desde las comunidades educativas, empresas y entidades para que los derechos de las minorías sean respetados y la no discriminación ante la ley plenamente garantizada. Si la autoridad competente para cumplir con la Constitución y la ley no ejerce, esta no será la última noticia que veremos sobre actos discriminatorios. No se trata solamente de que el Estado asuma su responsabilidad, todos nosotros, como ciudadanos, la tenemos también y debemos asumirla en todos los ámbitos de la sociedad.
