El homicidio en la ciudad de Cartagena de un Fiscal anti mafia paraguayo, cuando se encontraba en un viaje de recreo, es una buena oportunidad para reflexionar acerca de los alcances del crimen organizado transnacional y la importancia de la cooperación policial para combatir ese tipo de delincuencia. Esto al margen de las hipótesis que la investigación del hecho criminal esté explorando en su trabajo de pesquisa, búsqueda y eventual captura de los responsables.
El crimen organizado transnacional es una realidad dentro del universo de las organizaciones delincuenciales que se dedican a diferentes tipos de tráficos ilegales –drogas ilegales de distintos tipos, armas, explosivos, personas, etc.- y adicional a su estructura delincuencial propia, implican relaciones de cooperación con organizaciones similares en diversos países; algo que tiende a asemejarse a unas ‘multinacionales del crimen’ y por supuesto, combatir estas modalidades de crimen organizado requiere una cooperación entre las agencias policiales de los diversos países, quienes no sólo deben intercambiar información, sino bases de datos, información sobre modalidades de actuación de estas organizaciones criminales y eventuales contactos en los diversos países. Tal y como ha recalcado un documento de Naciones Unidas: “Las organizaciones criminales transnacionales son variadas en cuanto a la estructura, apariencia y participación, sin embargo, todas operan con facilidad cruzando fronteras y oponiendo grandes desafíos a la aplicación de la ley en un plano nacional e internacional. Al tratarse de organizaciones versátiles que carecen de una estructura estable, son capaces de responder con prontitud a los desafíos de la aplicación de la ley”
El crimen organizado tiene efectos sobre el Estado y la sociedad, porque no respeta la soberanía del Estado; cuestiona la legalidad y legitimidad en la sociedad; busca influir sobre las instituciones y ‘pervertirlas’ con prácticas corruptas; puede afectar la gobernabilidad, influir en la estabilidad financiera e incidir negativamente en la economía; afectar la eficacia del Estado como ente regulador de la sociedad.
Por ello es muy importante la existencia de organizaciones como Interpol, que agrupa a la mayoría de las policías del mundo, justamente para luchar contra las diversas modalidades de criminalidad y en el caso de nuestra América, la existencia de Ameripol, que igualmente busca articular a la mayoría de las fuerzas de policía de la región en igual sentido. Ahora bien, pero no es suficiente la existencia de esas organizaciones, sino que haya unas buenas relaciones de cooperación entre los Estados, para hacer realidad esa lucha coordinada contra el crimen transnacional.
Esto es también un llamado a las campañas presidenciales colombianas, que por momentos parecieran ‘olvidar’ que estas realidades delincuenciales existen y no van a dejar de existir porque gane este o aquel candidato y para ello se va a requerir fuerzas policiales preparadas para enfrentar ese tipo de criminalidad –recordemos que además de las funciones propias de la convivencia ciudadana, la Policía tiene tareas de lucha contra el delito-.
Ojalá escucharan las diversas campañas presidenciales que consolidar una sociedad segura implica, como énfasis fundamental, resolver los problemas del desarrollo –pobreza, desempleo, marginalidad- que es el caldo de cultivo para distintas formas de violencia y de inseguridad y que avanzar hacia una sociedad segura requiere: 1) un Estado fortalecido en el marco del respeto absoluto a la Constitución y la ley -con una Fuerza Pública eficaz y eficiente-; 2) el estímulo permanente y la disposición a la solución negociada de los conflictos; 3) Políticas Públicas que apunten a resolver los problemas del desarrollo de la sociedad, lo cual garantizará una confianza ciudadana en el Estado y sus instituciones y 4) no caer en la tentación de creer que los ‘estatutos antiterroristas’ y las medidas de corte represivo deberían ser la prioridad.
