Desde principios de los noventas del siglo XX hasta hoy, la guerrilla Farc ha sido considerada como peligrosa, sanguinaria y terrorista. Así la ven los colombianos, los EE.UU. y la Unión Europea, por no decir que toda la comunidad internacional. Ello por los crímenes internacionales que ha cometido en sus largos años de lucha contra el Estado (principalmente por la forma como financia su guerra vía comercialización nacional e internacional de drogas ilícitas).
Han sido innumerables las estrategias que se han implementado por parte de los distintos gobiernos para derrotarlas o eliminarlas –ya sea desde el punto de vista físico-militar o político-militar.
Desde Rojas Pinilla con su mano “amigable” de amnistías e indultos, pasando por Belisario Betancur con el proceso de paz fracasado de La Uribe (surgió de allí la UP, brazo político de la Farc que combinó todas las formas de lucha y fue exterminada por grupos “invisibles de ultraderecha”).
También por Andrés Pastrana con un previsible fiasco de proceso de paz conocido como “El Caguán”, en el que se despojaron más de 40.000 km2 de territorio colombiano con población civil para iniciar diálogos sin una agenda clara de temas y sin la voluntad de la Farc de acabar el conflicto.
Por Álvaro Uribe con su estrategia de la “seguridad democrática”, una arremetida militar fuerte contra este grupo guerrillero, con el fin de recuperar y consolidar la presencia del Estado en todo el territorio nacional, debilitándola de forma considerable, pero llegando a extremos de paroxismo y maniqueísmo ideológicos, donde todo aquel que se oponía a sus banderas era considerado “guerrillero”, “nostálgico del terrorismo”, “comunista disfrazado de civil”.
Este expresidente ofreció iniciar diálogos exploratorios, pero no se superó el conflicto y por el contrario, se dio inicio a la redefinición de las estrategias de lucha por parte de las guerrillas desde el año 2009; las confrontaciones cuerpo a cuerpo entre tropas se volvieron la excepción regresando a las épocas de la guerra de guerrillas contra la fuerza pública.
Santos en su primer gobierno inició un diálogo exploratorio con la guerrilla Farc, el cual no implicó despejes territoriales, concesiones de amnistías o indultos previos, disminución de la seguridad por parte del Estado.
Allí se acordó una agenda realista de temas sustanciales a negociar fuera de Colombia en la Habana, Cuba, que busca terminar el conflicto armado con esta guerrilla: desarrollo agrario integral, participación política, drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto, la implementación, verificación y refrendación del acuerdo final.
Para lo anterior hubo manifestaciones importantes de voluntad de negociación de parte de la Farc: renuncia formal al secuestro (reducción casi total de esta práctica), cese unilateral al fuego (desde el 20 de julio de 2015 se ha cumplido en casi un 90% este compromiso), la colaboración para el desminado de algunas zonas de Colombia, etc.
Hay una regla esencial en este proceso: nada está negociado hasta que todo esté negociado. Se han logrado cuatro acuerdos parciales en temas como desarrollo rural, participación política, drogas ilícitas y víctimas. Están pendientes los otros temas atrás señalados, y el reloj no da espera ya que en teoría existe un plazo perentorio para las partes de llegar al acuerdo final: el 23 de marzo de 2016. Amanecerá y veremos.
