El primer pecado es el voluntarismo, suponer que "la paz" es el resultado del mero deseo de hacerla y no de un conjunto de condiciones objetivas. Los violentos solo se desarman cuando concluyen que el costo de seguir en la violencia es mayor al de desmovilizarse. 

El segundo es no entender que es indispensable usar toda la fuerza legítima del Estado para hacerle sentir a los violentos el costo de seguir en el crimen. Si los violentos no ven el riesgo, no asumirán ninguna negociación de manera seria.

Lo que de ninguna manera puede hacerse, tercero, es lo que este gobierno ha hecho con las Fuerza Pública: debilitarla, arrasar con sus mandos, disminuirle el presupuesto, generarle inseguridad jurídica y negarle apoyo a las unidades que lo necesitan bajo ataque de los violentos.

Darle ventajas estratégicas a los violentos, cuarto, cuesta vidas y es mortal también para el propósito de “la paz”. Lo ha hecho Petro en varios campos. Resalto cuatro: uno, renunciar a los bombardeos aéreos, una de los factores que favorecen a las Fuerzas Armadas en comparación con los grupos criminales; dos, desmantelar las estructuras de inteligencia y, peor, usarla contra las propias tropas; tres, el cese del fuego debe ser un punto de llegada y no de partida porque, por definición, hace imposible presionar militarmente a los violentos; finalmente, la política de Petro en materia de narcotráfico garantiza que los violentos no solo mantengan intactas sus fuentes de financiación, su logística y su capacidad de reclutar, sino que incrementen sus ingresos.

Aunque hoy no hay ningún grupo violento que no sea mafioso, quinto, pretender tratar igual a los narcos puros y al Eln es un grave error. Ni son lo mismo ni la Constitución y la ley permiten tratarlos de la misma manera. Este punto vital, sin embargo, requiere profundización en otra columna. 

No aprender las lecciones del pasado es un sexto y grave pecado. Colombia tiene una larga historia de negociaciones con violentos, muchas fracasadas y algunas pocas exitosas. De todas ellas hay lecciones y ninguna se está aplicando ahora. Imperdonable. Destaco dos: es un error fatal celebrar acuerdos parciales de aplicación inmediata. Solo favorecen a los criminales: van sacando ventajas sin que tengan que comprometerse a dejar las armas y desmovilizarse. Y cualquier cese del fuego debe ser verificable y exige la localización geográfica clara y delimitada de las cuadrillas de los violentos. 

Séptimo, abrir la agenda a negociar el modelo económico es contraproducente, antidemocrático y peligrosísimo. El debate sobre el modelo eterniza la discusión y revienta cualquier cronograma. Además, legitima el sofisma de que hay unas causas objetivas de la violencia sin cuya solución la paz es imposible. Simplificando, si se justifica la violencia porque hay pobreza y desigualdad tendremos violentos por centurias. Las negociaciones con los violentos, por otro lado, no son los espacios para discutir las políticas económicas y sociales. Los violentos no tienen ninguna representativa popular (quedó probado con las míseras votaciones por las Farc desmovilizadas) y darles la capacidad de decidir sobre estas políticas atenta contra el papel del Congreso y de los partidos. Adicionalmente, como Petro recientemente ha criticado que las negociaciones con las Farc no haya abordado el modelo económico y, en paralelo, está teniendo enormes dificultades para impulsar su agenda radical, el riesgo de que use la negociación con los elenos para conseguir ahí lo que no ha podido en el parlamento es mucho. Y es posible que quiera abrir por ese camino una vía a una constituyente.

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