La denominación de derecho colectivo o derecho de tercera generación dada al disfrute de un ambiente sano, ha generado una equivocada percepción sobre la importancia de este derecho. La gente al diferenciarlo de los derechos fundamentales, no le da la importancia que merece.
Es necesario desligarnos del individualismo que nos ha caracterizado, para aprender a defender los derechos colectivos que priman sobre los individuales. El ser humano es implacable a la hora de defender su derecho individual, pero es permisivo y hasta cómplice al momento de defender los derechos colectivos. Desde esta perspectiva el derecho más vulnerado es el derecho a un ambiente sano.
No se trata de si la autoridad controla o no, si se sanciona o no, se trata de cómo nos podemos unir como colectivo en la defensa de nuestro derecho, no con marchas y pancartas las cuales están bien en ciertos escenarios, sino para reclamar una verdadera política pública de protección del medio ambiente en Colombia. En materia de protección de páramos en Colombia ha sido más efectiva la Corte que el mismo Ministerio de Ambiente, quien tiene la competencia funcional a nivel país.
Colombia creó Corporaciones Autónomas Regionales, a las que les ha dejado una competencia marginal, pese a ser las entidades que conocen el territorio, para entregársela a unas entidades de orden nacional que desde los escritorios y cartografía impresa, toma las decisiones ambientales y otorga las autorizaciones para desarrollar los proyectos mas grandes y por ende de mayor afectación del medio ambiente del país.
Lo sucedido en Santander, con el pozo La Lizama, es la punta del iceberg ambiental en Colombia, dejando entrever las grandes empresas que desarrollan su actividad económica, sin el lleno de los requisitos ambientales o en el peor de los casos con autorizaciones obtenidas con fundamento en documentos bien redactados pero inoperantes u obsoletos. Prueba de lo anterior, lo constituyen los planes de contingencia que presentan para la obtención de licencias o permisos, los cuales a la hora de una emergencia no sirven para contener la catástrofe ambiental.
Lástima que en Colombia solo aprendamos a los porrazos, lástima que se tenga que perder tanta riqueza natural, que se tenga que vulnerar nuestro derecho colectivo a un ambiente sano, para poner el dedo en la llaga de una problemática advertida. Las autoridades ambientales regionales deben tener mas competencias y mas dientes a la hora de imponer sanciones a todas estas empresas, que con su capacidad económica quieren pasar por encima de todos.
No es un tema de unos cuantos opositores, de unos ambientalistas cansones, de unos desocupados. No, es un tema de país, que merece respeto, pues lo que está en juego es la vida de todos. No podemos dejarnos arrebatar nuestro derecho a un ambiente sano. Ambiente sano un derecho primordial.
