Los tópicos de ambiente y transporte deben ser prioritarios para cualquier administración. El valor constitucional del medio ambiente junto a la dignidad humana son los pilares fundamentales del Estado social de Derecho.

A partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 1992 –entró en vigor en 1994- se creó una normativa para regular y contrarrestar la grave problemática del cambio climático. El objetivo prioritario de este tratado es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evite que la acción peligrosa del ser humano afecte en grandes dimensiones el sistema climático.

Así entonces, en aplicación de esta convención se han realizado diferentes conferencias (COP), siendo la COP21 una de las más importantes ya que allí se logró un consenso trascendental para expedir otro tratado internacional que desarrollase de manera más eficaz los objetivos de la Convención Marco sobre cambio climático: el Acuerdo de París de 2015.

En ese sentido, el Acuerdo de París contempla un esfuerzo global de hacerle frente al cambio climático y establecer una meta de reducción de emisiones. Se creó así una medición por cada Estado que se conoce como “Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC)”. Con esta medición cada país se compromete a establecer un mínimo de reducción en las emisiones, en aras de lograr en el corto plazo la meta global que busca mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2°C de la era preindustrial.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible calcula que Colombia aporta aproximadamente el 0,46 de las emisiones globales, por lo que sería importante saber cuánto de este porcentaje nacional aporta nuestro municipio de San José de Cúcuta.

Por ello, para pensar en un municipio sostenible es prioritario adoptar acciones urgentes como: construir sistemas de transporte público modernos y amigables con el Medio Ambiente; incentivar el uso de la bicicleta como sistema equitativo de transporte; proteger los bosques y ríos; desarrollar de manera comprometida instrumentos de planificación del territorio como el POT; perfilar una industrialización con energías renovables y limpias; todo lo anterior como parte de un sistema económico de corte ambiental.

Todas esas acciones son esenciales para construir la sostenibilidad de un municipio, empero, para el caso de Cúcuta considero pertinente y necesario que en el corto y mediano plazo se fije una hoja de ruta en lo que respecta a sistemas de transporte público sostenibles.

Me explico, la ciudadanía está cansada del cemento y el ladrillo, por lo que será fundamental que en las próximas administraciones Cúcuta lidere el desarrollo de un sistema de transporte público metropolitano integrado que organice, modernice y dignifique el transporte, perfilando rutas transversales con paraderos ordenados que pongan fin a la nefasta “guerra del centavo” de las actuales viejas busetas que circulan en nuestra ciudad y contaminan sin contemplación.

Promover el uso de la bicicleta es otro reto pendiente que ayudaría a reducir las emisiones contaminantes locales. Nuestro municipio cuenta con el Acuerdo 038 de 2017, norma que fue presentada y aprobada por el Concejo de Cúcuta para impulsar la bicicleta como medio de transporte sostenible, construir ciclo-infraestructura, implementar bici-parqueaderos en los edificios públicos, crear una mesa permanente de la bicicleta, así como dar incentivos para su uso a los servidores públicos. Al día de hoy este Acuerdo ha quedado en “letra muerta”, perdiéndose de vista el impacto positivo que su eventual aplicación tendría en la salud, movilidad, igualdad y medio ambiente de los cucuteños.