¡Escandaloso y preocupante! Todo indica que el medio ambiente, la defensa y protección de nuestros ecosistemas, no es prioridad para el gobierno del presidente Duque como lo revela un informe publicado por El Espectador. En el mismo, entre otras cifras, se menciona que la deforestación aumentó un 83% en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá con relación al año 2019.
Las pérdidas se calculan en 64.000 hectáreas, mientras que el año anterior eran de 35.000. Todo esto a pesar de las alertas tempranas del Ideam y de otras entidades. Se trata de un crimen de enormes proporciones e impacto para Colombia y el mundo, agravado por el hecho de que hablamos de una de las zonas con mayor diversidad de fauna y flora. Continúa la agresión sistemática a la naturaleza, persistimos en desconocer sus derechos y nuestros deberes como especie que depende de ella para su supervivencia.
Es inadmisible que en pleno siglo XXI y con la evidencia científica disponible, no nos importe destruir un patrimonio tan valioso que no nos pertenece. La próxima generación tendrá derecho a juzgar con toda severidad nuestra indolencia, falta de empatía, depredación e irresponsabilidad política con relación a los territorios y sus comunidades nativas. ¿Quiénes son los grandes deforestadores? No son los campesinos; son estructuras mafiosas y criminales que pretenden apoderarse de baldíos para introducir ganadería extensiva, hacer negocios particulares, atropellando los derechos de comunidades, fauna y flora en el territorio.
Estamos muy tarde en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Los deforestadores están en Bogotá, desde la distancia financian la toma ilegal de tierras que pertenecen a la nación, amenazan a las comunidades que se atreven a levantar su voz contra semejante ecocidio; es decir, la violación de los principios de justicia ambiental que destruye ecosistemas, acaba con el bienestar y la salud de las especies animales y vegetales. ¿Cómo es posible que esto ocurra a la vista de las autoridades y que a plena luz del día se mueva maquinaria y personal necesario para destruir selvas y bosques? ¿Acaso esas autoridades locales no pueden o no quieren actuar? ¿Será que algunas de ellas hacen parte de las estructuras criminales y mafiosas deforestadoras?
A lo anterior debemos sumarle otro incumplimiento del gobierno en cuanto a la protección del Páramo de Santurbán en Santander, Norte de Santander y Cesar. El nombramiento de Alberto Carrasquilla como ministro de Ambiente ad-hoc para decidir sobre la idoneidad de este proyecto, condena el Páramo a una muerte segura. ¿Dónde está la evidencia científica, independiente de los interesados en su explotación minera, que sustente en forma contundente la no afectación negativa e irreversible de este frágil ecosistema hídrico? ¿Amigos del medio ambiente? “Amigo el ratón del queso”. De acuerdo a lo interior se puede concluir que en nuestro país prima la destrucción del medio ambiente sobre el interés general, nacional y generacional de su protección. Todo lo que se prometió resultó ser una farsa y una trampa en la que muchos colombianos cayeron de buena fe. Es hora de reaccionar y de movilizarnos en una causa justa por la que vale la pena luchar.
