En cualquier parte del mundo un presidente de la República, por el solo hecho de serlo, pasa a la historia, pero los nuestros siempre piensan que si, además de ello, no dejan como legado una reforma constitucional, son unos frustrados. De la misma manera, y como lo registrara una comisión del Banco Mundial que nos visitó en 1988, en Colombia los ministros de Hacienda consideran que si no logran aprobar una reforma tributaria importante, su trabajo en el Ministerio fue un desperdicio de tiempo.

A finales de agosto de 2002, a punto de dejar el Ministerio de Hacienda, la Misión de Ingreso Público, impulsada por el entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, presentó los resultados de su trabajo, prácticamente una reforma tributaria estructural, y, de pronto, de allí viene la idea de una reforma de ese estilo en este gobierno. 

Fue la idea que nos vendieron, pero ya sabemos que de “estructural” no tiene nada, solo el nombre, porque degeneró en lo mismo que todas, en “coyuntural”, porque en Colombia las reformas tributarias tienen el carácter de medidas de emergencia para evitar el deterioro de la situación fiscal y, como repiten los medios de comunicación con insistencia, para preservar el acceso de Colombia a los mercados de capital y para que las calificadoras de riesgo no deterioren la nota y perspectiva de nuestra economía.

Las únicas reformas tributarias famosas en Colombia, por oportunas y justas, son las de Miguel Abadía Méndez y su ministro de Hacienda don Esteban Jaramillo (Ley 64 de 1927), y la de Alfonso López Pumarejo, en 1935, cuyo “autor material” fue nadie menos que Jorge Soto del Corral, su ministro de Hacienda, muerto en confuso incidente en la Cámara de Representantes, en septiembre de 1949.

Cuando uno ve que un proyecto de reforma tributaria está contenido en 206 páginas, prácticamente un Código nuevo, lo menos que se piensa es que no se va a ajustar lo que quedó mal hecho o confuso en la reforma tributaria de 2014, hace apenas dos añitos, sino lo que quedó mal hecho desde el gobierno de Miguel Abadía Méndez: hace 90 años. Y lo peor: ya se anuncia que en 2018 se necesita otra reforma tributaria.

En la presentación de un proyecto de reforma tributaria el Gobierno también tiene su “técnica”. Por ejemplo, en el proyecto que cursa en el Congreso se incluyó, entre otros, el monotributo y el impuesto a las bebidas azucaradas. Con antelación se sabe que ninguno de los dos impuestos pasará, menos el segundo que afecta a industriales con capacidad de lobby. Sencillamente, al final del trámite, el Gobierno o los congresistas dicen que sacaron el monotributo y bebidas azucaradas del proyecto para dar a entender que no tragaron entero. 

Recuerdo que en la reforma tributaria de 1995 quedó consignado que el gobierno no podría presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria si no demostraba que había disminuido en treinta por ciento (30%) la evasión. Cuando esto fue un obstáculo el mismo Gobierno dijo que el mencionado artículo era inconstitucional porque el Congreso no puede quitarse facultades para crear nuevas leyes.