Ni las 8.794.542 víctimas, ni que nuestro país esté entre los países con más muertos por arma de fuego, ni que el 90 % de los fallecidos por heridas con arma fuego sean menores de 30 años, le bastaron al Gobierno Nacional. Desde la semana pasada y como consecuencia del nuevo decreto expedido por el Ministro de Defensa, los ciudadanos podrán estar armados en las calles por razones de “urgencia y seguridad”.

Esta situación es sumamente grave en un país con tantos antecedentes de violencia como el nuestro. Las Convivir, que fueron responsables de miles de asesinatos, fueron personas naturales armadas con el consentimiento del Estado. Esto no puede ser posible, el porte de armas debe ser sólo para la Fuerza Pública, como ordena la Constitución y la Ley, quienes tienen la misión de defender los derechos humanos, proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos.

Colombia no necesita individuos portando armas de fuego en centros comerciales, buses, Transmilenio, etc. El Presidente, en vez de levantar la prohibición debería estar pensando en los temas coyunturales y en su Plan Nacional de Desarrollo que resultó una “colcha de retazos” y una reforma tributaria que afecta directamente a la ya golpeada clase media.

Las necesidades no aguantan más y la ciudadanía exige soluciones a sus necesidades primordiales. No es posible que debates tan transcendentales como la reforma a la justicia y el catastro rural, factor fundamental para la transformación, sigan de segundo plano mientras nos enfrascamos en discusiones que una sociedad en pleno siglo XXI no debería dar. Definitivamente, este Gobierno toma decisiones de política pública fundamentado en el mito y no en la evidencia ¿Qué estudio demuestra que armando a la población esta va a ser más segura? Sucede todo lo contrario, en manos inexpertas y sin el debido entrenamiento una pistola -por bajo que sea su calibre- es y será una amenaza para la sociedad.