En la literatura académica se abre camino con fuerza la tesis de que si se quiere mejorar la productividad global o sectorial de un país, lo que se necesita son más bienes públicos y menos subsidios directos. 

Los bienes públicos son aquellos que benefician a toda una comunidad, como las vías terciarias, los distritos de riego, la electrificación, la investigación en ciencia y tecnología; por oposición a los subsidios directos, que son aquellas transferencias presupuestales que suelen obtener los que más gritan o más capacidad de lobby tienen. 

Y como los recursos presupuestales del país son limitadísimos, esta discusión de bienes públicos versus subsidios directos se convierte en el punto crucial del debate político y fiscal del momento. 

Hace poco tuve oportunidad de participar en la elaboración de un estudio con el equipo de investigaciones económicas del Banco de la Republica, que será publicado próximamente, y que ilustra contundentemente cómo –si se quiere realmente mejorar la productividad del sector rural y de la agricultura— se impone un giro drástico de los subsidios directos para unos pocos hacia la dotación de bienes públicos para comunidades más amplias. 

En otras palabras: el gasto público no solo debe ser más abundante, sino más equitativo. 

La inversión en riego y drenaje es quizás el mejor ejemplo. En el mundo el 17 % de área cultivable está dotada con facilidades de riego pero produce el 40 % de la comida. 

El atraso de Colombia, a pesar de algunos esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos años, es aún inmenso. 

El 35 % de los pequeños distritos de riego no están en funcionamiento por diversas razones, principalmente porque se entregaron con razones politiqueras o porque la inversión en mantenimiento ha sido deplorable. 

En muchas áreas donde está la mayor cantidad de tierras con vocación agrícola no se ha invertido en riego y drenaje. Pero donde tal inversión se ha dado, los índices de productividad son sensiblemente más altos. 

Igualmente, el estudio mencionado demuestra que la inversión en vías terciarias es una de las opciones más rentables para mejorar la productividad rural. 

No le falta razón a Juan Martín Caicedo cuando, recientemente, en carta abierta que dirigió a la Vicepresidencia de la República, hacía notar que el desarrollo del país no solo es cuestión de más y mejores vías de doble calzada, sino también de cuidado y mejora en la malla de vías terciarias. 

La inversión en centros de acopio es otro de los frentes estratégicos para mejorar la productividad rural del país. Hoy en día, el 84 % de la producción de alimentos en el país está ubicada, en promedio, a ocho horas de cualquier centro de abasto, mientras que apenas un 2,9 % lo está a menos de una hora. 

Este es quizás uno de los aportes más valiosos del censo rural que, por fin, luego de 45 años de demora logramos concluir y actualizar recientemente. Allí está contenida la información sobre cuáles bienes públicos están disponibles en las zonas rurales del país, dónde, y en qué tipo de estos bienes están las mayores falencias. 

Cuando el Gobierno le ha hecho una despiadada mutilación a los presupuestos de inversión del sector rural para la vigencia del 2016, en lo que ahora se llama “austeridad inteligente”, y cuando nos encontramos ad portas de comenzar el pos conflicto rural, ésta distinción entre bienes públicos para muchos y subsidios directos para unos pocos, adquiere tremenda importancia. 

* Ex ministro de Hacienda y de Agricultura