Una de las facetas más llamativas de la administración Petro es que no escucha, incluso a quienes quieren que Colombia avance exitosamente en el cierre de desigualdades, la diversificación económica y la transición energética. No hay buenos canales de comunicación ni escenarios propicios para el diálogo. Gobernar desde una torre de marfil siempre conduce a errores y equivocaciones.

El Gobierno puede ser poco receptivo a la crítica, pero no debería ser indiferente a los campanazos, especialmente cuando son sonoros y contundentes.

El primer campanazo tiene que ver con la emergencia en Cerro Bravo (Tolima), que puso en evidencia lo que significa perder la seguridad energética. Millones de hogares tuvieron que buscar otras fuentes de energía para cocinar, los restaurantes y hoteles restringieron su operación y se frenó la producción en una gran cantidad de empresas industriales. Y aquí, como en Europa, quedó claro que cuando no hay energía es difícil  pensar en otra cosa.

Otro campanazo vino por cuenta de las cifras reveladas por la ANH que indican que, más allá del aspecto coyuntural y circunstancial del Eje Cafetero, la pérdida de la seguridad energética puede convertirse en un problema estructural. Colombia se está quedando sin gas natural. Al ritmo actual de consumo, las reservas probadas solo alcanzarían para 7,2 años. A partir de ese momento, si no queremos que el país se paralice tendremos que importar gas y pagar un precio mucho más alto.

Se habla mucho en el Gobierno de la posibilidad de importar gas de Venezuela –un país con gran cantidad de reservas–. Depender del gas venezolano sería una pésima idea. No sería la primera vez que nuestro vecino utilice el suministro de energía con propósitos geopolíticos. El precedente de Petrocaribe –que vendía petróleo venezolano subsidiado a países de la región a cambio de votos en los escenarios internacionales– es nefasto. Quedaríamos maniatados y perderíamos no solo la seguridad energética, sino también parte de nuestra propia soberanía.

También se dice que no hay que preocuparse, pues la transición energética reducirá la demanda de gas natural. Esto es cierto, pero es algo que pasará a la vuelta de décadas, y no de años. Requeriremos gas por mucho tiempo, en parte porque las energías solar y eólica son por definición intermitentes y todavía es muy costoso almacenarlas. Además, el cambio climático causa mayor variabilidad en el nivel de los embalses, razón por la cual las termoeléctricas son indispensables como respaldo. Si se materializa este año el fenómeno de El Niño, vamos a necesitar mucho gas para evitar un racionamiento.

Un tercer campanazo de la semana fue la decisión de Enel, una de las principales empresas del mundo energético, de suspender, por falta de condiciones, la construcción de 205 megavatios de energía eólica.

Mejor dicho, nos quedamos sin el pan y sin el queso.

El Gobierno tiene que reaccionar. Lo primero que tiene que hacer es destrabar los proyectos de la transición energética. ¿No estamos en mora de ver a los funcionarios defendiendo la energía solar y eólica en La Guajira en vez de entorpecer los acuerdos con las comunidades?

Y en cuanto a la falta de seguridad energética, el Gobierno debe entender que es un sofisma decir que se van a apoyar las actividades de exploración de gas pero no las de petróleo. Buena parte del gas se ha encontrado buscando petróleo, o está asociado a la producción de crudo.

Si se trata de agitar banderas políticas, el Presidente debería ser más crítico de la hipocresía del mundo desarrollado que después de años de citar el cambio climático como una razón para no financiar la infraestructura de gas natural en países como el nuestro, de repente ha corrido a asegurarse nuevos suministros para resolver sus propios problemas, como está ocurriendo en Europa.

Pero hay algo más de fondo. El Gobierno debe pensar menos en el fin del mundo y más en el fin del mes. No es admisible que la gente vaya a pasar hambre por falta de gas.

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