El gobierno del presidente Iván Duque ha asumido un compromiso serio de cara a unos de los aspectos más sensibles que tienen que ver con la equidad y la justicia social. Se trata del desarrollo rural integral, consagrado en su política de Paz con Legalidad, en un compendio de acciones que debieron darse hace más de 70 años, cuando fueron puestas en la escena pública por figuras como Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo.
En un país de tradición y vocación agrícolas, donde paradójicamente el campo ha soportado el mayor impacto de la violencia y la pobreza, llegó el momento de saldar una deuda social histórica. Por eso, un primer paso fue propiciar la formalización de la tierra y definir las acciones para construir y desarrollar el Catastro Multipropósito, bajo el liderazgo de los consejeros Alejandra Botero y Enrique Moreno.
Es un capítulo importante de la reforma rural integral, que va de la mano del objetivo de mejorar las condiciones de vida en zonas vulnerables.
Técnicamente, el Catastro Multipropósito es el inventario de los predios formales e informales en un territorio. La información obtenida contiene tres componentes: 1) componente físico: dónde está ubicado y su área y perímetro (cabida y linderos); 2) componente jurídico: derechos, responsabilidades y restricciones; y 3) componente económico: cuál es el valor del predio.
Este gobierno aprobó el Documento CONPES 3958 de 2019, (instrumento de acción en la política económica y social) que define la estrategia para darle vida a este catastro multipropósito. Y ha gestionado 150 millones de dólares con el BID y el BM para avanzar en su implementación.
Se garantizará a los campesinos, mayor seguridad jurídica, mejor ordenamiento territorial y fortalecimiento fiscal. Es un instrumento de transformación rural.
A partir de la dinámica del gobierno Duque, para este catastro multipropósito, se avanza en la actualización de predios, del 5.7% en 2019 al 60%, en el 2022; y se cubrirán los municipios donde avanzan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Los recursos permitirán reestructurar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), para adecuar estas entidades a los requerimientos propios de las nuevas acciones.
Además, el actual gobierno ha dispuesto 628.766 hectáreas en el Fondo de Tierras. Esto representa un avance de 46% sobre la meta de disponer 1.5 millones de hectáreas a cuatro años. Así mismo, representa un avance de 110% sobre la meta de disponer 689.152 hectáreas a octubre de 2019.
Adicionalmente, el gobierno ha entregado 12.264 títulos de propiedad rural. Esto equivale a un nivel de cumplimiento de 84% sobre la meta actual.
*Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación
