Las ciudades son (o deberían) ser los territorios donde se ejercen plenamente los derechos gracias a la toma de decisiones de forma colectiva e incluyente. Sin embargo, a diario este medio registra múltiples noticias sobre los conflictos que se suscitan en el espacio público: la constante invasión por ventas ambulantes, automóviles o construcciones. En un pasado reciente estos lugares fueron objeto de la violencia por medio de los atentados terroristas, más recientemente algunos son considerados inseguros y excluyentes dado que los usos que albergan las edificaciones que los rodean se dan dentro de determinados horarios y destinados a solo ciertos sectores de la población.

El 2016 que acaba de terminar, fue el año en el que en Bogotá el 15 de octubre se convocó a escala mundial el Quinto Congreso Mundial que la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) convoca cada tres años, que buscaba reconocer la importancia de lo local y regional en la gestión urbana en un mundo cada vez Más globalizado. A continuación dos días después en Quito, desde el 17 al 20 de octubre se llevó a cabo la tercera conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Hábitat III donde se definió la Nueva Agenda Urbana, la cual deberá ser puesta en práctica en los próximos 20 años.

La Nueva Agenda Urbana (disponible en: https://habitat3.org/the-new-urban-agenda) consigna en 22 páginas y 165 puntos los campos de acción y lineamientos que deben seguir las ciudades como escenarios de definición del futuro humano sostenible. El escenario sirvió además para evidenciar los fallos de las ciudades y de quienes toman las decisiones que afectan a todos sus habitantes. Uno de los principales temas es el referido a la inclusión como pilar fundamental de la democracia, entendida más allá de solo un voto cada cuatro años, el Concejo, el Congreso, el parlamento, los alcaldes y el presidente… se trata de cómo los habitantes son tratados a diario y como la ciudad hace posible su desarrollo y contribuye a realizarse como individuos libres y autónomos como clave para una mejor sociedad.

Se considera que para que las ciudades sean realmente incluyentes y cumplir con la premisa de hacer efectivo el derecho al territorio, se debe fortalecer la convivencia ciudadana y la recuperación, ampliación y mejora de los espacios públicos abiertos a los niños, las mujeres y personas con movilidad restringida, todo sin discriminación por sus creencias, raza u orientación religiosa o sexual.

Tal como lo demostró el Informe Mundial de Ciudades 2016, existe a nivel planetario más desigualdad que hace 20 años y el 75 por ciento de las ciudades del mundo tienen graves problemas de inequidad en el acceso a los servicios urbanos y públicos. Cúcuta no se escapa a esta situación donde se han generado múltiples formas de exclusión social y conflictos en el uso y apropiación de los entornos urbanos complementados por su situación de frontera y los vaivenes económicos desafortunados de nuestro vecino.

Las recientes intervenciones en el espacio público de la ciudad y los múltiples proyectos que de una u otra manera van a generar un efecto sobre la ciudadanía en general requieren de un marco claro conceptual, metodológico y técnico sobre como ampliar y mejorar los espacios públicos. La modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial de Cúcuta (Acuerdo 089 de 2011) autorizaba al alcalde para que en 18 meses de la sanción del mencionado acuerdo, adoptara mediante Decreto el Manual de Espacio Público. No obstante quienes ignoraban el compromiso ciudadano de un espacio público de calidad lo hundieron en el Concejo ignorando también que le agregan más tiempo de atraso a una ciudad con múltiples complejidades y conflictos que requiere más que nunca un marco jurídico y normativo que regule dichas intervenciones.