Nada peor puede dimensionar la crisis que hoy en día vive el país: el fiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que el sistema penal colapsó en el país con cerca de 112 mil audiencias represadas. 

Hay presos que pueden llegar a esperar hasta 10 años para un fallo. El problema de la justicia en Colombia es que no solo el sistema penal está en estado de coma tal como lo manifestó el fiscal, sino que esa crisis se extiende a todas las otras ramas del derecho. 

Hoy en día hay procesos indemnizatorios en la justicia administrativa que pueden tardar hasta 15 años e incluso más. 

En una sección del Consejo de Estado hay represados cerca de 16.000 procesos. Muy grave lo que le sucede hoy en Colombia, un país que transita sin justicia el siglo XXI.

Le escuchaba en alguna oportunidad a León Valencia director de la Fundación Arco Iris, en un foro sobre el tema de la paz, que uno de los puntos más críticos en las conversaciones de La Habana, precisamente era el tema de la justicia y su implementación porque la realidad era que en las zonas en las que tenía influencia las Farc, su sistema de justicia sí funcionaba. 

Era muy fácil, el padre que en alguna población no le proporcionaba alimentos a sus hijos o los maltrataba, o el vecino que invadía otro predio, la justicia era pronta y eficaz, casi que era inmediata, pues era suficiente el llamado que le hiciere un jefe guerrillero al agresor para que las cosas se normalizaran. Con la justicia del ordenamiento legal, ese mismo caso en las ciudades puede tardar hasta 3 a 4 o más años.

Tengo mi propia versión del problema de la justicia en Colombia, creo que 26 años después de expedida la constitución de 1991, toda esa cantidad de derechos que copiamos de países Europeos hace tiempo, los llamados derechos de segunda y tercera generación como la seguridad social, el medio ambiente, el sistema pensional y todos los demás que para garantizarlos se necesita mucho dinero, hoy en día nos está pasando la cuenta de cobro. 

Una cosa son esos derechos en los países de Europa, y otra en estos países con altos niveles de pobreza y desigualdad social. La copia que hicimos en el año 91 nos resultó muy costosa. 

Muchos de esos derechos los concibieron los países europeos después de la segunda guerra mundial, en algo que se llamaba Estado Bienestar, es decir, un Estado con plata que tenía el dinero suficiente para por ejemplo al que se quedaba desempleado, el Gobierno le seguía pagando su salario, o el hijo que nacía tenía su vida asegurada en salud, educación o transporte. 

Ellos tenían los recursos fiscales necesarios para asumir esos costos, nosotros no.

Recuerdo hace ya varios años, que cuando en una universidad en Francia fui a pagar los costos de mi especialización, cuando me dieron el recibo, pensé que se habían equivocado en los costos que debía asumir. Eran mínimos, casi irrisorios. Fui y pagué y quedé matriculado. Ahí entendí que estaba en otro país. Cómo puede transitar un país el siglo XXI, consolidar un proceso de paz con un aparato de justicia al borde del caos? La tarea que tenemos con esta crisis es muy grande, resulta ser crucial. Un proceso de paz no puede avanzar ni implementarse sin justicia, el país no puede funcionar con normalidad con un aparato de justicia que tarda hasta 15 años para definir el derecho de un ciudadano. Mucha gente aquí en Colombia cuando presenta una demanda, en ocasiones muere antes de que la justicia resuelva su caso. La justicia colapsó, la copialina que hicimos hace 26 años nos resultó cara. ¿Esta crisis da lugar a una nueva constituyente?