La semana pasada en la mesa de protección a la vida en Putumayo, la ministra del Interior, Alicia Arango afirmó que “En Colombia mueren más personas por robo de celulares, que por ser defensores de Derechos Humanos”. Para sustentar sus declaraciones indicó que “en el 2019, de 12.577 (homicidios), 107 fueron líderes sociales, es decir, el 1 por ciento de las personas que matan en Colombia”.

A pesar de las críticas, reafirmó sus declaraciones aduciendo que, aunque no quiso ofender a los líderes sociales, no puede haber muertos de primera y de segunda categoría. 

Sin embargo, no tuvo en cuenta que esos “pocos” homicidios le significaron a Colombia el deshonroso primer lugar en cifras de asesinatos de defensores de derechos humanos del mundo. A esto se suma que la tasa de impunidad de estos crímenes es del 95 %.

Esta no es la primera y seguramente no será la última declaración de algún alto funcionario del gobierno nacional que estigmatice a los líderes sociales. 

Pareciera que esto fuera un discurso orquestado -no se si por el gobierno o por su partido- que se remonta a la idea propagandista de Goebels y el nazismo según la cual “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. 

Es como si quisieran minimizar e invisibilizar el nuevo baño de sangre que estamos viviendo en el país por el exterminio de los líderes sociales. 

Personas que incomodan al proyecto político del narcotráfico por la labor que hacen, porque buscan que se respeten los derechos de los débiles y vulnerables que han sido despojados de sus tierras, que no tienen representatividad política, que les han arrebatado hasta la dignidad humana.

Como senador fui testigo de la discriminación en la casa de “todos los colombianos” hacia los líderes sociales. 

Impulsé un artículo para que el presidente de la mesa nacional de víctimas tuviera voz en los debates sobre los proyectos del acuerdo de paz, pero inexplicablemente el ingreso de su representante, siempre era restringido por algún motivo absurdo, sin importar que ostentaba la representación de más de 8 millones de víctimas.

El desafortunado comentario de la ministra no es fortuito, circunstancial ni de mínima incidencia, por el contrario es grave y no puede simplemente dejarse pasar, como ha ocurrido con imprudentes y desacertadas declaraciones de varios funcionarios del alto gobierno. El Presidente y sus funcionarios deben estar sintonizados. No se trata de algo menor, el discurso oficial y político puede matar, y por lo menos, debería Duque exigirle a la ministra una disculpa para los líderes, las víctimas y el país. 

La historia siempre pasa una cuenta de cobro a quienes la ignoran o deciden desconocerla. La nueva generación de colombianos nacidos en el siglo XXI, tiene la misión de reconocer nuestra historia para escribir una nueva página de esperanza, sin violencia, sin miedo y sin odio. 200 años después de nuestra independencia, los colombianos corremos hoy un serio peligro de perder la libertad, el bien más preciado de la democracia y por el que tantos héroes de generaciones anteriores entregaron su vida.