Ya el país estaba suficientemente preocupado con la propuesta de la constituyente para que ahora tengamos que hacer frente al ‘fast track’ presentado por Petro. Para los que se preguntaban a qué había llegado Juan Fernando Cristo al Gobierno, pues ahí está parte de la respuesta: a replicar lo hecho por él mismo en el gobierno Santos con esta iniciativa.

Para que se den una idea del alcance del instrumento propuesto y bautizado como ‘fast track’, baste recordar que es un insólito mecanismo cuyas características principales se pueden resumir en que el trámite de los actos legislativos y las leyes se vuelve cosa de días.

Veamos; en primer lugar, las iniciativas del Gobierno se tramitan en comisiones conjuntas, así se trate de reformas de la Constitución, lo cual hoy está prohibido; las reformas constitucionales se aprueban en una vuelta y no en dos, lo que significa pasar de 8 debates a cuatro o, mejor, a tres, ya que las comisiones constitucionales sesionan conjuntamente, lo que también está prohibido para aprobar reformas constitucionales; los tiempos entre debate y debate se acortan a la mitad, con lo cual una reforma constitucional podría ser aprobada en menos de un mes; todo puede aprobarse en sesiones extraordinarias, lo que tampoco se puede sin el régimen excepcional propuesto, todas las votaciones son en bloque, o sea, sí o no; ningún otro tema se puede discutir en el Congreso, pues estos tienen total prioridad, y como si todo esto fuera poco, el control de la Corte Constitucional no se puede hacer sobre el contenido de los temas sino solo sobre el trámite de estas, con lo cual se limitan absolutamente su competencia y funciones.

Además, los términos procesales para que la Corte resuelva se reducen a la tercera parte, sin posibilidad de prórroga.

Este instrumento en manos de Petro reviste la mayor gravedad porque, tal como ha anunciado, su pretensión es acudir a este para aprobar toda su agenda de cambio, lo cual no solo incluye todos los temas cobijados por la llamada ‘paz total’, sino otros tan controversiales como la modificación de las normas que regulan las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo o aquellas relativas a la distribución del Sistema General de Participaciones o las que desarrollan su ‘plan Marshall’ o las inversiones forzosas.

También se buscaría, con este mecanismo, extender el plazo para la implementación del acuerdo de paz por siete años más.

Pero estos son solo algunos de los temas mencionados por incluirse en este adefesio, porque podrían entrar a considerarse otras iniciativas ya negadas por el Congreso como la reforma de la salud o de la educación y, por supuesto, el paquete anunciado para el segundo semestre, que incluye una nueva reforma tributaria, la reforma de la justicia, la de servicios públicos, la laboral o el cambio de la regla fiscal. Y yo me pregunto: ¿por qué no el acuerdo con el Eln o la propia reelección? Todo será posible bajo la sombrilla de la paz.

El Congreso no debería ni siquiera considerar esta propuesta, y yo agregaría que también es difícil legislar en este ambiente sin que antes la justicia no haya aclarado todo lo concerniente al escándalo de la UNGRD y al pago de $ 208.000 millones en sobornos, que apuntan a que todo este entramado de corrupción se orquestó al más alto nivel del Gobierno, incluidos los ministerios de Hacienda e Interior, para aceitar el trámite de leyes aprobadas. ¿O será que van a premiar estas conductas aprobando un mecanismo como el del ‘fast track’, que limita el ejercicio del Poder Legislativo y el propio de la Corte Constitucional?

El ‘fast track’ es mucho más peligroso que la propia constituyente.

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