El arte del buen gobierno democrático se finca en respeto y promoción de las libertades y en coherencia política y técnica de los programas. En las políticas públicas se discuten la conveniencia colectiva, la viabilidad fiscal y las posibilidades parlamentarias y constitucionales. Las consultas a la opinión pública indican tendencias de interpretación popular de las decisiones, pero no siempre son la vía correcta para el éxito de largo plazo. Las encuestas se equivocan; los referendos se pierden. El pueblo sabe más que sus líderes, pero es veleidoso.
Las contradicciones son parte de la tarea de gobernar. El deber del jefe del estado es corregirlas, volverlas a favor de sus convicciones, ilustrarlas con datos y no solo con discursos. Cuando esas contradicciones livianas creyendo que son dialécticas pelechan sin remedio, llevan al traste la gobernabilidad. Trasmiten a la opinión pública la sensación de improvisación, ignorancia y falta de carácter para corregir.
Resulta contradictorio defender una “descarbonización” de Colombia que en nada beneficia sustancialmente al planeta, y al mismo tiempo subsidiar el ACPM, el combustible que más contamina. Si quieren menor consumo de fósiles hay que dejar que los precios sean los que desaconsejen su uso. Si se subsidian, y los más contaminantes se subsidian más, mayor consumo y contaminación habrá.
Es contradicción querer suspender la exploración de reservas petroleras, carboníferas y gasíferas cuando en las explotaciones nuevas está la única fuente para hacer posible la transición energética sin que la gente se empobrezca rápidamente. Lo que nos produzcan los nuevos hallazgos servirá en gran parte para financiar la generación de más energías eólica, solar, hidráulica y de hidrógeno. Suspender las fósiles sin gradualidad condenará a las familias al retroceso sustancial de su acceso a bienes públicos. Y lo que se pretende hacer desde el estado, no será financiable.
No tiene lógica luchar contra la inflación, criticar las alzas en las tasas de interés del Banrepública, aplaudir las bajas en las tasas de los bancos comerciales y en los precios en las grandes superficies y al mismo tiempo predicar que el alza en los aranceles es la solución para reindustrializar a Colombia. No se dice que esa reindustrialización utópica será a costa del atribulado consumidor, quien pagará más por los mismos bienes al debilitarse la competencia o al impedir la llegada de bienes y materias primas que no producimos ni estamos en trance de producir. Amén de las retaliaciones de los países afectados que caerán sobre nuestros productos de exportación. Parece que los tratados internacionales sí se respetarán. Ese asunto incluye consideraciones geopolíticas cuya modificación unilateral es demasiado costosa.
No es lógico proponer una reforma laboral que haga más rígido el mercado del trabajo, cuando lo más importante es dotar a los jóvenes de maneras de laborar más flexibles, atractivas en horarios y modalidades, incluso más divertidas, móviles y propicias al emprendimiento. Obligar a la sindicalización y a la estabilidad reforzada, subir costos a los formales que son la mitad de los que trabajan, es notificar a esa otra mitad que rebusca sin protección social ni salario mínimo, que queda abandonada a su suerte.
Si el sistema de salud funciona, es apreciado por la gente y admirado afuera, no lo destruyan contradictoriamente. Su cobertura universal indica es la necesidad de un esfuerzo de convergencia en calidad entre las distintas regiones y grupos de usuarios sin demoler el sistema.
Cambiar el hacinamiento en las cárceles por la congestión criminal de calles y veredas, buscar más seguridad debilitando las penas, desconfiar de la Fuerza Pública y después ordenarle que mejore la seguridad, son todas contradicciones que hacen evidentes los errores pero permiten corregir el rumbo si hay humildad y responsabilidad republicanas. Negarlo hace inevitable el fracaso.
