Recuerdo que cuando en Honduras “tumbaron” al presidente José Manuel Zelaya, en junio de 2009, se habló profusamente de defenestración: el hecho de expulsar inesperadamente a una persona de su cargo. En diciembre del año pasado se volvió a poner de moda el verbo cuando fue expulsado del poder el presidente peruano Pedro Castillo, al tratar de disolver el Congreso para evitar su destitución. En mayo de este año el coronel (r) John Marulanda, recordando lo sucedido en Perú con Castillo, dijo que había que defenestrar al presidente colombiano porque había sido guerrillero. Inmediatamente el señor presidente, desde San Marcos, Sucre, advirtió a la oposición que tuviera mucho cuidado con hacer lo mismo, y luego de calificar el verbo defenestrar como “palabra tan triste”, dice que están promoviendo un golpe de Estado en su contra.
Lo cierto es que, si somos un poco más complacientes con la definición del verbo defenestrar, o mejor, esa “palabra tan triste”, como equivocadamente lo llama el primer magistrado de la Nación, él, el señor presidente de la República, también está defenestrando una institución respetable como es el Congreso de la República, independientemente de quienes lo integran. Además de defenestrarlo está desconociendo la proclama de Montesquieu sobre separación de poderes. Una cosa es la exigencia constitucional de colaboración armónica entre las ramas del poder público para realizar los fines del Estado, y otra muy diferente exigir públicamente, con movilización popular huérfana de espontaneidad y autenticidad, que el Congreso debe aprobarle las reformas propuestas, que él califica de sociales, y la gran mayoría de los colombianos de lo contrario.
Esa colaboración armónica se refiere a medios de acción recíproca, pero medios jurídicos, y no a presiones de hecho indebidas de un órgano del poder público sobre otro. El tratadista francés Maurice Duverger trae el ejemplo de François Guizot en Francia y Giovanni Giolitti en Italia, que usaron medios indebidos para mantenerse en el poder, lo mismo que se hace ahora y de la misma manera para presionar indebidamente la aprobación de proyectos de ley mediante la compra de votos, prebendas y generosa burocracia. En otras palabras, para imponer la agenda legislativa con recorrido irregular durante su trámite.
No es que algo de lo anterior no se haya hecho antes, sino que el presidente actual prometió el cambio, y este no se ve, más bien se están agudizando los vicios anteriores que tanto criticaron, lo cual ha marchitado las esperanzas de su propio electorado. El presidente lo sabe, de lo contrario no hubiera sido necesario “importar” la minga indígena, y, además, basta con recordar los dos balconazos y la cita del primero de mayo, día de los trabajadores, que fueron un fiasco.
De manera que el traslado de la minga indígena, del Cauca a Bogotá, para apoyar algo que ni les interesa -reformas laboral, salud, pensional y educativa-, aparte de hacer bulto en la plaza de Bolívar, tenía otras intenciones que se materializaron más tarde. El presidente aún tiene tiempo de corregir.
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