El concepto de los Derechos Humanos suena agradable al oído de la mayoría de personas. Es el bálsamo que todos los académicos del Derecho, penalistas, internacionalistas, humanistas, políticos, funcionarios, defensores, etc.; usan para manifestar una postura o justificar una decisión.

En efecto, como lo dicen algunos autores los DD.HH. son garantías universales comunes a todas las personas frente a cualquier forma de poder, de manera principal frente al poder del Estado y los gobiernos. Y lo más importante, son el umbral insoslayable para determinar qué tan democrática es o no una determinada sociedad.

Sin embargo, este concepto parece desvanecerse frente la práctica política de lo que sucede al interior de muchos Estados “democráticos”. Así, llama la atención lo que sucede en Perú con el otorgamiento del “indulto humanitario” a Alberto Fujimori.

Este expresidente ha sido condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los DD.HH. Condenas no solo proferidas por tribunales peruanos, sino también por la Corte y Comisión Interamericana (CIDH) de DD.HH. contra el Estado peruano por casos emblemáticos de violaciones en los cuales Fujimori estuvo involucrado como autor mediato en la masacre de quince personas en Barrios Altos; así como en la desaparición forzada y ejecución de diez estudiantes de la universidad La Cantuta.

La petición de Fujimori de “indulto humanitario” se basó en que este padece una enfermedad progresiva, degenerativa, incurable no terminal grave que pondría en riesgo su vida si sigue cumpliendo su condena en las condiciones carcelarias actuales. Solicitud que fue avalada por la Comisión de Gracias Presidenciales y la cual sirvió como fundamento, junto a lo que determinó la Junta médica oficial para que se le otorgara dicho indulto.

De ello surgen algunos interrogantes: ¿qué condiciones de reparación integral –verdad, justicia, reparación y no repetición- a las víctimas tuvo en cuenta el Estado peruano para otorgar el indulto?, ¿qué justifica dicho indulto cuando en el fondo se trata de una concesión del gobierno peruano para negociar con la oposición de mayoría fujimorista para no ser destituido en el juicio político por las ramificaciones que ha tenido el escándalo Odebrecht en el círculo cercano del presidente?, ¿importa en algo que los órganos internacionales de protección de los DD.HH. –Corte y Comisión- hayan reconocido que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente resultar en una forma de impunidad, en especial cuando se trata de violaciones graves?, ¿importa acaso que estos mismos organismos consideren que el Derecho Internacional de los DD.HH. prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y otros excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad?.

En ese sentido la CIDH ha expresado su preocupación por la decisión poco objetiva y ponderada de otorgar el indulto humanitario al expresidente Fujimori. Según ha dicho este organismo el Estado peruano habría incumplido con las disposiciones de las sentencias de la Corte Interamericana para los casos de Barrios Altos y La Cantuta, así como desconocido sus obligaciones internacionales. 

Por otra parte, genera también incertidumbre que junto al indulto de las penas impuestas a Fujimori también se otorgue como una gracia presidencial su exclusión de cualquier proceso penal que se esté siguiendo en su contra, la cual violaría el deber internacional que tiene el Estado peruano de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los DD.HH.; así como de reparar a las víctimas.

Perú entonces aparece ante los ojos del mundo como un posible Estado paria que genera niveles altos de impunidad y rompe el prestigio democrático que había logrado en los últimos años.