John Mellor, profesor de Cornell, sostiene que un impulso significativo de la producción de los campesinos y otros pequeños productores comerciales rurales se traduce en un aumento de la demanda de bienes y servicios no transables a nivel local (educación, servicios de salud y atención médica, servicios personales, vivienda, servicios públicos, recreación, transporte, comunicaciones, recreación) y del comercio, lo que aumenta el ingreso de los trabajadores rurales no agropecuarios e induce un incremento del empleo y del ingreso de la región más o menos bien distribuido entre la población local. Esta es una afortunada coincidencia que permite inscribir políticas de fomento de la productividad y de la producción de los pequeños productores rurales como políticas de desarrollo de los territorios en donde predomina ese tipo de agricultura y como políticas con impacto distributivo positivo a nivel nacional y una disminución significativa de la pobreza rural (Agricultural Development and Economic Transformation: Promoting Growth with Poverty Reduction, Palgrave Mc Millan, Londres, 2017).
Para que esto se lleve efectivamente a cabo en Colombia, hace falta un firme compromiso de gobierno al más alto nivel, en administraciones consecutivas, con la planeación y ejecución de políticas de fomento a la producción del pequeño productor rural. Es esencial fortalecer las instituciones a cargo de este programa. Se debe comenzar por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que necesita un cambio extremo, buenos ministros y elevar el nivel técnico de su personal. Es un ministerio más politiquero que técnico. Debería ser técnico y desterrar al clientelismo.
Se debe poner en marcha a muy corto plazo un programa de acceso a la tierra, a los demás factores de producción y a sistemas de comercialización, reforma agraria, repartir tierra incautada por extinción de dominio, fomentar la creación de bancos municipales de tierra, actualizar el catastro rural para aumentar el recaudo del impuesto predial y formalizar la propiedad. El aumento de este impuesto dinamizará el mercado de tierras y el arrendamiento de las mismas.
Para asegurar que los productores tienen acceso a la tecnología y asistencia técnica hay que organizar un sistema nacional de extensión en colaboración con el ICA, Corpoica, la Universidad Nacional, las universidades departamentales y municipales y posiblemente con la asesoría de una universidad extranjera. Es preciso involucrar a las comunidades y a los gobiernos regionales y sobre todo aislar al programa del clientelismo. Además, se necesita reformar el programa de crédito agropecuario, posiblemente restructurar el Banco Agrario, dotar a Corpoica de mayores recursos (el director de este instituto estima que necesita el doble de lo que tiene disponible), y promover la investigación biológica en las universidades. También es crítico aumentar la inversión en caminos , vías terciarias, logística y otras formas de acceso de la producción al mercado. Es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Se avanza en el cumplimiento del acuerdo de paz, se crea trabajo y baja la pobreza en las regiones.
