Diálogo significa, según el Diccionario, “plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”.
Para dialogar se necesitan al menos dos personas que intercambien criterios, propuestas, conocimientos, reclamos, preguntas, respuestas, solicitudes o concesiones.
Estamos identificados con el presidente Gustavo Petro en el sentido de adelantar diálogos con organizaciones subversivas, con el buen propósito de conseguir la paz total, pues la que se plasmó en el Acuerdo Final de 2016 fue -como lo dijimos en su momento- parcial y, además, ha sido en parte mal implementada y en parte incumplida. Colombia lleva ya muchos años de insensato enfrentamiento; de guerra y violencia sin sentido. Han sido muchos los sacrificados y enormes los daños causados. Necesitamos la paz y debemos trabajar para conseguirla. La Constitución Política de 1991 lo expresó en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
No obstante, lo que viene ocurriendo no corresponde a esa buena intención presidencial, que refleja el anhelo de muchos colombianos. Los movimientos armados con los cuales el Gobierno ha entablado diálogos no parecen interesados en la paz, ni en la reconciliación. Siguen secuestrando, asesinando, extorsionando, instalando minas antipersonas, haciendo explotar carros bomba, involucrando a la población civil en el conflicto, engañando al pueblo y al mismo Gobierno. Con descaro, anuncian el cese de sus criminales operaciones, y el mismo día del anuncio incumplen, causando muerte y destrucción.
Es preocupante ver que, en extensas zonas del territorio nacional, el Estado ha perdido el control, que ahora lo tienen las organizaciones criminales, las cuales dominan, amedrentan y desplazan a sus habitantes.
Se ha quedado en pura teoría la norma constitucional plasmada en el Acto Legislativo 5 de 2017: “Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes”. Las organizaciones delictivas y narcotraficantes han crecido y continúan su actividad criminal.
El Gobierno debe ser consciente de esa grave situación, ejercer la autoridad y establecer condiciones para continuar los diálogos de paz. Debe exigir a las organizaciones armadas que hagan efectivo el cese de hostilidades, sin reservarse -como lo vienen haciendo- el “derecho” de continuar delinquiendo cuando les provoque hacerlo. Si no hay auténtica voluntad de paz, no debe continuar el diálogo. Al presidente corresponde “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”.
Las autoridades, según las normas constitucionales, tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades. Y las Fuerzas Militares tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
