En su discurso de apertura de la Legislatura el pasado 20 de julio, el presidente Santos dijo lo siguiente: “Los que critican el Congreso dicen que aquí predominan los intereses de los terratenientes sobre los de los campesinos. Yo los invito – los reto, amablemente— a que demuestren que el Congreso y el Gobierno somos capaces de hacer una reforma agraria que de verdad favorezca a quienes más las necesitan”. 

Esta frase, que entraña un inmenso compromiso político, hay que saludarla con entusiasmo. Y ojalá no se vaya a quedar como una mera promesa. Sería una frustración de inmensas proporciones si no se ejecuta lo que allí ha quedado planteado. 

Durante los primeros tres años de la administración Santos se dieron pasos rotundos en la dirección de una política agraria de avanzada y modernizadora. Se elaboró el proyecto de ley de desarrollo rural y de acceso a tierras para los campesinos, con la colaboración de los mejores expertos que sobre el tema existen en Colombia, que ha servido de insumo para la negociación del punto número uno de La Habana, y que, como lo anunció el presidente el 20 de julio, será presentado a consideración de esta legislatura. 

Se puso en marcha, a raíz de la aprobación de la Ley 1448 de 2011, una política inédita en Colombia, como es la de restitución de tierras a quienes fueron despojadas de ellas violentamente durante el último cuarto de siglo. 

Se negoció, como primer punto de la agenda de La Habana, el capítulo sobre desarrollo rural y acceso a la tierra para los campesinos. 

A partir del momento (que ojalá sea pronto) en que se firme la paz, comenzará la gran tarea del posconflicto, dentro del cual todo lo ateniente al campo y a la ruralidad ocupará lugar prominente. 

Se pusieron en marcha más de 1800 procesos agrarios por parte del Incoder, tendientes a recuperar cerca de dos millones de hectáreas, que avivatos de todas las pelambres le habían arrebatado al Estado indebidamente en las últimas décadas. 

Con estas tierras y otras que están enumeradas con toda precisión, se formará el gran Banco de Tierras, a través del cual, junto con la dotación de bienes públicos para las zonas rurales, se podrá hacer la gran reforma agraria de la que habló el presidente el pasado 20 de julio. 

Sin embargo, en los dos últimos años de la administración Santos los temas agrarios y de desarrollo rural habían venido a menos; a veces se tuvo la impresión que les estaban aplicando el freno de mano. 

El anuncio presidencial del pasado 20 de julio muestra que del amodorramiento en que habían caído las políticas agrarias, y que tanto se requerirán en el posconflicto, van a volver a despertar. 

Para hacer la reforma agraria que prometió el presidente el 20 de julio no se requiere ni quebrantar el Estado de Derecho, ni alterar la seguridad jurídica, ni caer en un falso agrarismo que rechace la mediana y la gran empresa agropecuaria en Colombia. Tenemos tierra de sobra. Y en ella tiene que caber, sin estridencias jurídicas, una verdadera transformación agraria como lo exige la imperiosa necesidad de hacer más equitativa la tenencia de la tierra en Colombia. 

Hay que saludar pues con entusiasmo este despertar de las políticas agrarias. Fue quizás lo más novedoso que se escuchó en la alocución presidencial del 20 de julio. Pero para volverlas realidad habrá que pisar callos y quebrar intereses egoístas que acechan por todas partes. Pero hay que hacerlo. 

* Dirigente conservador, exministro de Hacienda y de Agricultura.