Culminada la etapa electoral, conviene pensar en las prioridades del nuevo gobierno. Ante todo, los indispensables cambios que deben ser aplicados con celeridad y firmeza en la política económica y social, con miras a superar la enorme desigualdad existente y poner en práctica los fundamentos del Estado Social de Derecho, en materia de salud, educación, empleo, agua potable, vivienda, ambiente, seguridad, protección a la niñez. Esa fue una de las decisivas propuestas de los candidatos triunfantes, Gustavo Petro y Francia Márquez, y realizarla es su compromiso con el pueblo.
El criterio de las políticas públicas al respecto no puede ser el continuismo. El nuevo gobierno debe asumir y poner en práctica, desde el comienzo, una orientación muy diferente a la actual. Un criterio marcadamente social, que nos aleje del capitalismo salvaje y del neoliberalismo, que tanto daño han causado y que han predominado durante la actual y las precedentes administraciones.
Gobierno y Congreso deben tener en cuenta que la Constitución de 1991 señaló con claridad las finalidades del Estado. En su preámbulo -que, según la jurisprudencia, es vinculante-, expresa que la organización estatal tiene como propósitos esenciales “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”. Un orden justo, equitativo, razonable, que intervenga y dirija la economía, velando, como dice la Carta, por el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.
El gobierno debe tener como primer postulado la realización de los objetivos que al Estado señala el artículo 2 de la Constitución: “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. El poder que, en las urnas, ha conferido el pueblo al nuevo gobernante, es para eso, no para su particular beneficio. El presidente no es un príncipe, ante quien debamos inclinarnos, sino un servidor público, el de más alto rango.
Algo que no han hecho los precedentes gobiernos -y que debería caracterizar al que se instala- consiste en hacer efectivo el artículo 334 de la Constitución: “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía”, y para conseguir “el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”.
Un desafío enorme para el nuevo gobierno. Le deseamos éxito, para bien de toda la población, particularmente la que ha sido marginada, abandonada y discriminada.
