El pasado 13 de mayo el Gobierno anunció una serie de ayudas al sector educativo que se reducen a prestarle dinero a las universidades y a los estudiantes. El ICETEX es un banco de segundo piso que, como cualquier banco, cobra intereses por los préstamos que desembolsa. Esto fue claramente explicado por el presidente del banco, Manuel Acevedo, al responder a las críticas de los usuarios. También se anunció que la banca comercial abriría cupos de endeudamiento para colegios y universidades.

El problema de la universidad privada en particular, y de la universidad colombiana en general, es el hecho de que no cuenta con financiación estatal para asegurar su propósito que, según el Decreto-Ley 80 de 1980 que por primera vez dio un marco legal a la universidad, ratificado por la Ley 30 de 1962,  no es solo la formación de profesionales sino la de hacer investigación ligada a la docencia. La Ley 1188 de 2008 obliga a la universidad a hacer investigación desde el pregrado aunque el sitio privilegiado para llevarla a cabo es el posgrado. Pero no la financia.

La Ley 30 solamente aseguró presupuestos ligados al aumento en el costo de la vida y no previó financiación para ampliar cobertura y cumplir con sus otras funciones de investigación y extensión. Esto llevó a las marchas estudiantiles a partir de las cuales el Gobierno finalmente se comprometió a subsanar esa deuda histórica con la universidad pública.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley, la universidad privada cumple con la función pública de la docencia universitaria a nombre del Estado, pero no recibe de éste ninguna financiación. A partir de la creación de Colciencias en 1968 la universidad privada pudo competir por los escasos fondos que le asignaron a la entidad hoy convertida en el flamante Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, con la misma estructura y el mismo presupuesto, que a duras penas tiene con qué abrir convocatorias propias. 

Pero ¿cómo puede la universidad privada, particularmente la que como la Universidad Simón Bolívar está comprometida con los estratos socioeconómicos más bajos, cumplir con los objetivos que le señala la Ley y cumplirlos con la mayor calidad, si su presupuesto proviene fundamentalmente de matrículas bajas que son las que pueden pagar nuestros estudiantes?

Ni la universidad privada como institución, ni los estudiantes y padres de familia como personas naturales, pueden responder a esta crisis asumiendo préstamos que tendrán que pagar con intereses. Definitivamente, la política está equivocada. 

La solución tiene que ser diferente. Es un compromiso del Estado una educación de calidad. Las universidades que tenemos acreditación institucional hemos demostrado que, a pesar de todos los inconvenientes y las difíciles coyunturas económicas, hemos cumplido. Lo demuestran los rankings internacionales.

La solución pasa por subsidios directos tanto a la universidad privada como a los estudiantes. Es bienvenida la iniciativa contemplada en el Plan de Desarrollo de Cúcuta de sufragar una parte del costo de la matrícula de los estudiantes que terminan bachillerato y entran a la universidad, contando con el apoyo de las mismas universidades y quedando con un compromiso pequeño para el pago de su matrícula. Esta es una solución interesante que se podría extender no solo al Área Metropolitana sino a todo Norte de Santander y por qué no, a toda Colombia. 

Para nadie es un secreto que el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano no puede seguir siendo primero la actividad bancaria seguida por las empresas extractivas. Si queremos que PIB realmente despegue en lo que es el mundo del colombiano promedio, es necesario que tengamos mayor capacidad científica básica que se pueda traducir a instrumentos tecnológicos, para los cuales existan mercados tanto nacionales como internacionales que nos permitan ocupar un puesto en la economía global. 

Los préstamos son paliativos o, como decían las abuelas, pañitos de agua tibia que no resuelven el problema. El Estado y las universidades tienen que ponerse de acuerdo para dar soluciones estructurales al problema colombiano del desfinanciamiento de la universidad.