Está muy bien que el presidente electo Gustavo Petro se haya comprometido, desde su campaña, a “cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia” (Art. 192 C.P.), sin perjuicio de promover los ajustes y reformas que pueda requerir para realizar su programa de gobierno.
El 7 de agosto deberá prestar juramento en tal sentido, y habrá de tener presente lo que, sobre su cargo señala expresamente el artículo 188 de la Carta Política: “El presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Eso implica que el poder y la autoridad que se le confiere estarán al servicio de toda la colectividad, sin discriminación alguna, y no de un determinado grupo u organización política, como antecesores suyos lo pensaron y practicaron.
Son muchos los compromisos que asume el nuevo jefe de Estado. Entre otros, mencionamos los siguientes:
-El nuevo Ejecutivo deberá orientar su actividad hacia la realización de un Estado Social y Democrático de Derecho, como lo manda la Constitución, y en procura de erradicar la enorme desigualdad que afecta a millones de colombianos, en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, propiedad de la tierra, empleo y seguridad social.
-Asumir la dirección general de la economía, para mejorar la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
-Debe orientar sus esfuerzos a la búsqueda de una paz integral, real y efectiva, no solamente mediante la implementación y desarrollo del Acuerdo Final suscrito en 2016 con las Farc, sino con base en procesos que abarquen a otros movimientos subversivos, siempre que demuestren genuina voluntad en tal sentido, cese al fuego y renuncia a la violencia y al terrorismo que hoy practican.
-Es indispensable y urgente que el Estado actúe para garantizar de manera eficaz la vida y la integridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, campesinos, firmantes del Acuerdo de Paz y desmovilizados, así como de miembros de la fuerza pública, pues las cifras sobre crímenes y masacres son verdaderamente impresionantes, ante la actual parsimonia y tolerancia de las autoridades.
-Debe ser aprobado por el Congreso, con miras a su ratificación, el Acuerdo Regional de Escazú, sobre acceso a la información, protección, participación pública y justicia en asuntos ambientales, en América Latina y el Caribe. Y deben ser restablecidas las relaciones con Venezuela, en beneficio de los muchos colombianos que vienen siendo afectados por el actual estado de cosas. No se olvide que el Estado tiene la obligación de preservar un ambiente sano y, al tenor del artículo 9 de la Constitución, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia, a lo cual agrega: “De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
Y nos quedan faltando muchos otros asuntos urgentes e importantes.
